El estado de Baja California amaneció con un clima de tensión este domingo 24 de agosto, cuando dos narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparecieron en puntos estratégicos de Ensenada, dirigidas directamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Los mensajes acusan a la mandataria de permitir presuntas extorsiones en el sector pesquero, señalando de manera directa a Arturo Alejandro Hernández Medina, alias “El Tury”, presuntamente ligado a “Los Aquiles”, célula vinculada al Cártel de Sinaloa.
Primer hallazgo: manta en el acceso principal a Ensenada
La primera manta fue localizada cerca del nodo vial, a la entrada de la ciudad y frente al CICESE, en un sitio de alta visibilidad. Policías locales acudieron al lugar tras reportes ciudadanos.
Poco después, una segunda narcomanta fue encontrada en el puente ubicado frente al edificio del Gobierno del Estado, lo que provocó una fuerte movilización de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía de Baja California.
Imágenes de cámaras de vigilancia detectaron a dos sujetos vestidos de negro que, minutos antes del hallazgo, fueron vistos merodeando la zona.
Comerciantes denuncian extorsiones reales
El mensaje del CJNG encendió aún más las alertas, ya que varios comerciantes han denunciado públicamente ser víctimas de cobro de piso.
Uno de los casos más sonados fue el de Moisés Muñiz, propietario del restaurante de mariscos El Compa Moy, quien anunció el cierre definitivo de su negocio tras recibir múltiples amenazas.
“Ya llegó el límite, no puedo exponer a mi familia ni a mis clientes”, declaró el empresario en redes sociales, donde acusó a las autoridades de ser incapaces de frenar la violencia en la región.
Autoridades responden con cautela
La Fiscalía General del Estado informó que ofreció protección a Muñiz y lo instó a presentar una denuncia formal. Además, recordó que en Baja California se aplica la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la cual se han detenido a 21 personas y desmantelado siete grupos delictivos en municipios como Tijuana, Mexicali y Rosarito.
Sin embargo, ni la gobernadora Marina del Pilar Ávila ni la Fiscalía estatal han emitido un posicionamiento oficial sobre las narcomantas del CJNG, lo que ha generado inquietud entre la ciudadanía y el sector pesquero.
Una señal de alarma para Baja California
Los mensajes públicos del CJNG representan no solo una amenaza directa a la gobernadora, sino también un símbolo del poder del crimen organizado en la región. Para los pescadores y pequeños comerciantes, la incertidumbre crece: entre la violencia y la falta de respuesta institucional, muchos se sienten abandonados.
El caso de El Compa Moy refleja el dilema de cientos de familias que ven truncados sus sueños por la inseguridad. Mientras tanto, la población espera respuestas claras de las autoridades estatales y federales.
