Casos de corrupción siguen marcando el rumbo político y jurídico en México, donde expertos advierten que la falta de voluntad política y las débiles estructuras de investigación impiden castigos reales contra exmandatarios y funcionarios señalados por irregularidades. A
cadémicos como Rubén Ortega y Arturo Camacho, de la Universidad de Guadalajara, señalan que antes de pensar en endurecer penas, el país debe apostar por procesos más firmes, mejor articulados y técnicamente capaces de sostener acusaciones. Solo así podrán enfrentarse los casos de corrupción que han desgastado la confianza pública durante décadas.
Casos de corrupción y la necesidad de fortalecer indagatorias
Para Arturo Camacho, México debe abandonar el “ánimo punitivo” que solo busca aumentar condenas y, en cambio, construir investigaciones completas y verificables. En su análisis, asegura que la impunidad persiste porque no existe una articulación real entre instituciones clave como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción. Esa falta de cohesión, explica, impide que los casos de corrupción lleguen a sentencias firmes o que los responsables enfrenten consecuencias.
El académico subraya que el país necesita vigilancia rigurosa sobre políticos y funcionarios con acceso a recursos públicos. Una estructura robusta permitiría que los casos de corrupción se procesen con fundamento y no solo como reacciones mediáticas ante el descontento social. Esa vigilancia, explica, debe ser constante, técnica y apoyada por personal capacitado para integrar carpetas de investigación sin errores que deriven en absoluciones o el archivo de expedientes.
Rubén Ortega coincide en que varios procesos contra funcionarios han sido utilizados como “cortinas de humo”, especialmente cuando el hartazgo ciudadano exige respuestas rápidas. Sin embargo, recalca que durante administraciones recientes no se observó un impulso real para procesar a gobernadores señalados. Los casos de corrupción, afirma, requieren convicción política, continuidad institucional y cero tolerancia, algo que todavía no se refleja en la práctica.
Aunque desde el año 2000 una veintena de exmandatarios ha enfrentado procesos legales, la mayoría de expedientes no llega a una conclusión sólida. Los especialistas consideran que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la mala integración de los expedientes y la ausencia de un enfoque profesional que permita sostener acusaciones contundentes.
El diseño de investigaciones más fuertes es fundamental para cambiar el rumbo de los casos de corrupción que han desgastado la credibilidad pública. La transparencia, la auditoría continua y la profesionalización de ministerios públicos podrían marcar una diferencia en los próximos años.
Casos de corrupción exigen coordinación institucional y voluntad política
Para enfrentar los casos de corrupción, Arturo Camacho propone un sistema articulado donde instituciones clave trabajen juntas de forma constante. Una coordinación real permitiría identificar patrones, rastrear recursos públicos, cerrar espacios a la discrecionalidad y construir expedientes que resistan cualquier defensa legal. Hoy, afirma, las instituciones funcionan de manera aislada, generando vacíos que terminan beneficiando a quienes enfrentan señalamientos.
En su opinión, México debe apostar por personal capacitado, metodologías de investigación claras y autonomía operativa. Sin eso, los casos de corrupción continuarán estancándose sin pasar de ser titulares mediáticos. La falta de formación técnica en fiscalías, señala, afecta directamente la calidad de las carpetas que deberían sostener sanciones ejemplares.
Rubén Ortega añade que sin voluntad política, ningún sistema será suficiente. Asegura que en diversos periodos de gobierno se evitó investigar a fondo a figuras con poder, lo que envió un mensaje de permisividad a nivel nacional. Los especialistas coinciden en que para avanzar es indispensable que autoridades estatales y federales entiendan la gravedad de los casos de corrupción y actúen sin sesgos partidistas.
Aunque existen leyes robustas y una estructura constitucional que permite castigar irregularidades, no se han aplicado con el rigor necesario. Los casos de corrupción requieren un sistema que no dependa de coyunturas políticas ni de negociaciones internas entre grupos de poder.
Los académicos concluyen que la transición hacia una cultura de rendición de cuentas solo será posible si se fortalece la vigilancia, se invierte en capacidades técnicas y se garantiza autonomía plena en el combate a la corrupción. Sin esas condiciones, los casos de corrupción seguirán repitiéndose y profundizando el desgaste social.
