La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró dos viviendas en Iguala, Guerrero, y detuvo a tres personas presuntamente vinculadas con el caso Ayotzinapa, de acuerdo con información preliminar. La acción estuvo a cargo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Así fueron los cateos en Iguala
Los operativos comenzaron alrededor de las 06:20 horas de este miércoles en dos puntos distintos: la Unidad Habitacional Nicolás Bravo y una vivienda ubicada en el Centro de Iguala.
En ambos lugares participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC), así como integrantes del Ejército y la Guardia Nacional.
En la casa ubicada en la calle Ramón Corona, las autoridades colocaron sellos de clausura con el folio de investigación P6R/SDHPDSC/01/001/2015, bajo la causa jurídica de “desaparición cometida por particulares”, vinculada directamente con el caso Ayotzinapa.
Tres detenidos durante los cateos
En la segunda vivienda, un inmueble beige con el número 30 de la calle Luis Donaldo Colosio, fue detenido un hombre y dos mujeres. Los tres fueron trasladados en calidad de presentados, mientras la propiedad también quedó asegurada y bajo resguardo.
Durante las diligencias, patrullas del Ejército, Guardia Nacional y unidades de la SSPyPC bloquearon accesos y mantuvieron la zona acordonada. Hasta el momento, no se ha precisado si las detenciones derivan de órdenes de aprehensión o de flagrancia.
11 años del caso Ayotzinapa
El caso Ayotzinapa permanece como uno de los episodios más dolorosos e inciertos en la historia reciente del país. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados en Iguala y desaparecidos. Desde entonces, el paradero de la mayoría continúa sin esclarecerse.
Las primeras investigaciones atribuyeron la desaparición a la entrega de los jóvenes por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron e incineraron. Esta versión —la llamada “verdad histórica”— fue duramente cuestionada por irregularidades, testimonios bajo tortura y falta de evidencia científica.
Reinvestigación y tropiezos
En 2019, la FGR reinició el caso desde cero, prometiendo esclarecer las inconsistencias. Sin embargo, los avances han sido limitados. En 2022, la Comisión de la Verdad calificó los hechos como un “crimen de Estado”, señalando la participación de autoridades locales, federales e incluso militares. Ese mismo año, el GIEI abandonó México al denunciar bloqueos del Ejército para acceder a documentos.
Aunque se han emitido órdenes de aprehensión contra funcionarios y criminales, más de 120 fueron anuladas o terminaron en absoluciones, lo que reforzó la percepción de impunidad.
Este 2025 se registraron dos acciones relevantes en torno al caso:
- En mayo, fue detenida Lambertina N., expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de desaparición forzada y destrucción de evidencia.
- En junio, la Suprema Corte ordenó a la FGR publicar una versión pública del expediente, un hecho que podría aportar transparencia, aunque todavía no garantiza revelaciones definitivas.
A más de diez años, las principales dudas siguen sin resolverse:
- El paradero de los 43 normalistas
- Responsabilidades de alto nivel
- La participación real de las Fuerzas Armadas
- Acceso total a documentos clasificados
- Confianza en las instituciones encargadas del caso
Aunque se han emitido órdenes de aprehensión contra funcionarios y miembros del crimen organizado, muchas terminaron en absoluciones o nulidades. Mientras que las familias continúan exigiendo justicia, mientras la reciente movilización de autoridades en Iguala abre una nueva línea de actuación que podría, o no, traducirse en avances reales del caso que dejó la desaparición de 43 jovenes estudiantes, del estado de Guerrero.
