Los cargos no reconocidos se han convertido en uno de los problemas más frecuentes para los usuarios del sistema financiero en México. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de forma unánime que los bancos deberán demostrar con claridad que cada operación fue autorizada por la persona titular. Este fallo, emitido el 12 de noviembre, fortalece la protección de clientes y establece un nuevo estándar para las instituciones financieras que enfrentan reclamaciones por transacciones que los usuarios desconocen.
La resolución establece que la ausencia del usuario en una audiencia —la llamada confesión ficta— no puede tomarse como prueba suficiente para validar cargos no reconocidos. Esta figura legal, según los ministros, no constituye evidencia plena y no puede utilizarse como base para responsabilizar automáticamente al usuario de una transacción.
La decisión es especialmente relevante en un contexto donde miles de personas reportan haber sufrido cargos no reconocidos en tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias. La banca digital ha crecido, y junto con ella, los riesgos de fraude y robo de identidad. Hasta ahora, los usuarios enfrentaban dificultades para demostrar que no habían realizado ciertas operaciones, mientras que los bancos se apoyaban en procesos internos o presunciones insuficientes.
Cargos no reconocidos: lo que deberán probar los bancos
Con el nuevo criterio, la SCJN determinó que la carga probatoria recae en las instituciones financieras. Esto significa que los bancos deberán acreditar los cargos no reconocidos, con documentos certificados, evidencia técnica y procedimientos verificables, que la operación objetada fue correctamente autorizada. Solo después de cumplir con esta obligación podrá invertirse la carga de la prueba para que el usuario demuestre que no realizó la transacción.
La ministra María Estela Ríos explicó que la confesión ficta por sí sola carece de valor probatorio. Subrayó que ningún banco podrá usarla como justificación para dar por válidos cargos no reconocidos. Su postura refuerza el principio de que toda reclamación debe analizarse en función de pruebas concretas, no de presunciones.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía, aunque votó a favor, sugirió ajustes al proyecto para depurar detalles técnicos, mientras que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfatizó que el objetivo es equilibrar la relación entre usuarios y bancos. Históricamente, las instituciones contaban con ventajas probatorias, y este fallo corrige esa disparidad de los cargos no reconocidos.
Cómo cambia la protección al usuario ante cargos no reconocidos
De acuerdo con la SCJN, los bancos deberán demostrar que siguieron todos los pasos acordados con los usuarios, que los sistemas tecnológicos funcionaron correctamente y que no hubo fallas internas. Esto incluye procesos como autenticación biométrica, tokens digitales, contraseñas dinámicas y cualquier otro mecanismo de seguridad implementado en la operación cuestionada.
La única forma en que los bancos podrán trasladar la carga de la prueba al usuario será demostrando plenamente la legitimidad de la operación. Es decir, deberán mostrar registros, bitácoras del sistema, documentación certificada y cualquier evidencia necesaria para comprobar que la transacción fue efectivamente realizada bajo los protocolos establecidos.
Para los usuarios, este cambio representa una protección sin precedentes. Durante años, muchas personas se enfrentaron a negativas injustificadas, procesos poco claros y resoluciones basadas en supuestos. Con esta sentencia, las instituciones financieras ya no podrán desestimar reclamaciones sin pruebas contundentes.
El impacto social y financiero será amplio. La resolución podría incrementar temporalmente el número de reclamaciones, ya que más usuarios conocerán sus derechos y exigirán que los bancos cumplan con la demostración requerida. Asimismo, obligará a las instituciones a fortalecer sus sistemas de registro, certificación y monitoreo para cumplir con los nuevos parámetros legales.
Además, esta decisión alinea a México con estándares internacionales donde los proveedores de servicios financieros deben ofrecer evidencia técnica sólida para validar operaciones disputadas. En países con sistemas bancarios avanzados, la carga probatoria suele recaer en las instituciones, no en los usuarios.
La sentencia también refuerza la importancia de la educación financiera y la claridad en los contratos entre bancos y usuarios. Las instituciones deberán garantizar que sus mecanismos de seguridad sean comprendidos y aceptados por los clientes, y que cada proceso quede documentado de manera verificable.
En última instancia, los cargos no reconocidos dejarán de ser una lucha desigual para los usuarios. La SCJN ha establecido un precedente histórico que exige transparencia, responsabilidad y rigor probatorio a las instituciones financieras. Para millones de personas, esto representa una mayor seguridad en sus operaciones y una confianza renovada en el sistema bancario nacional. Con esta resolución, México da un paso firme hacia un entorno financiero más justo, equilibrado y seguro.
