Cinco hombres, entre ellos dos exfuncionarios públicos del municipio de Apulco, fueron detenidos durante operativos coordinados en Zacatecas, señalados por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las acciones, realizadas por fuerzas federales y estatales, permitieron además el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y equipo táctico con las siglas del grupo criminal.

Entre los detenidos destaca Mauro Yuriel “N”, de 30 años, quien ocupó el cargo de alcalde de Apulco en septiembre de 2024 y fue removido posteriormente por estar relacionado con delitos de homicidio, secuestro y asociación delictuosa. Junto a él, fue capturado su hermano, Andy Edgardo “N”, de 29 años, así como Ricardo “N” y Eduardo Gabriel “N”, de 25 y 23 años respectivamente.

Cateo en Nochistlán revela armas y vínculos con el CJNG

La primera intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado en la colonia Brisas del municipio de Nochistlán, donde elementos de seguridad ejecutaron un cateo autorizado por un juez federal tras una investigación por delitos graves como tentativa de homicidio y delincuencia organizada.

Dentro del domicilio fueron localizadas armas largas y cortas de diversos calibres, cargadores, cartuchos útiles, chalecos balísticos con las siglas “CJNG”, así como dosis de droga y un vehículo. La escena reforzó la hipótesis de que el inmueble funcionaba como un punto operativo o de resguardo para miembros de la organización criminal.

La operación fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades del estado de Zacatecas.

Otro exfuncionario detenido en acción paralela

Mientras se realizaba el cateo en Nochistlán, una segunda acción simultánea permitió la detención de Juan Antonio “N”, de 44 años, ex Secretario del Ayuntamiento de Apulco, quien también era investigado por presuntos vínculos con el CJNG. Su captura se suma al patrón detectado por las autoridades: la posible infiltración del crimen organizado en estructuras municipales, lo que ha dificultado las tareas de seguridad en varias regiones del estado.

Todos los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Según los reportes, ninguno de los arrestados ofreció resistencia durante su aprehensión.

Zacatecas, una entidad bajo presión criminal

Zacatecas ha sido en los últimos años una de las entidades más golpeadas por la violencia vinculada al crimen organizado, con la presencia de grupos antagónicos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa disputando el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas y personas.

La Secretaría de Seguridad federal informó que estos operativos forman parte de una estrategia integral y sostenida para desarticular células delictivas, cortar líneas de financiamiento e inhibir la capacidad operativa de los grupos criminales en la región. Las autoridades reafirmaron su compromiso con la pacificación del estado, aunque reconocieron que el proceso será complejo y requerirá coordinación interinstitucional y confianza ciudadana.

Narcoviolencia también golpea a Michoacán

El impacto del CJNG no se limita a Zacatecas. En Michoacán, particularmente en el municipio de Apatzingán, se registró por séptimo día consecutivo un ataque armado atribuido al cártel, esta vez en la comunidad de El Guayabo. La ofensiva incluyó el uso de explosivos y un vehículo blindado, lo que evidencia la capacidad de fuego y la intención del grupo de intimidar a la población y tomar el control territorial.

Estos hechos reafirman la necesidad de acciones conjuntas y sostenidas a nivel nacional para enfrentar la creciente violencia y la expansión de estructuras criminales que operan en varios frentes simultáneamente.

La infiltración política, un desafío clave en la lucha contra el crimen

La detención de exautoridades municipales implicadas con el CJNG en Zacatecas pone nuevamente sobre la mesa uno de los mayores retos para la seguridad pública en México: la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales.

Casos como el de Mauro Yuriel y Juan Antonio “N” revelan cómo los cargos públicos pueden ser utilizados como plataformas para proteger, facilitar o encubrir actividades criminales. Por ello, especialistas coinciden en que es urgente fortalecer los mecanismos de fiscalización, la depuración de cuerpos de seguridad y la supervisión de autoridades locales, si se busca frenar el avance del narcotráfico desde las bases institucionales.

Las recientes detenciones en Zacatecas representan un golpe importante a las redes del CJNG en la región, pero también ponen en evidencia la profundidad de la problemática. La pacificación duradera exigirá acciones firmes, investigaciones imparciales y una ciudadanía vigilante ante cualquier señal de colusión entre funcionarios y delincuentes.