La red de corrupción detrás del fallido proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy en Baja California se desmorona con la captura en el Caribe de un directivo de Banca Afirme, pieza clave en un presunto desvío de más de 123 millones de pesos de fondos públicos.
En una operación de alcance internacional, la trama de corrupción del caso Next Energy ha vivido uno de sus capítulos más decisivos. David Alejandro “N”, un directivo de Banca Afirme, fue detenido por agentes de Interpol en Punta Cana, República Dominicana, y ahora enfrenta un proceso de extradición a México para responder por su presunta participación en un fraude millonario que ha sacudido a Baja California.
El Engranaje del Fraude: Una Planta Fantasma
El escándalo se origina en un ambicioso proyecto energético impulsado durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla (2019-2021). El plan era construir una planta fotovoltaica en Mexicali con respaldo financiero de Banca Afirme. Sin embargo, el proyecto nunca despegó.
En 2022, el gobierno estatal, ya bajo una nueva administración, canceló el contrato argumentando que Next Energy carecía de los permisos federales indispensables de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la SEMARNAT. Fue entonces cuando se destapó el presunto esquema de corrupción.
La acusación central es que Banca Afirme, en lugar de devolver los fondos públicos tras la cancelación, retuvo indebidamente más de 123 millones de pesos, más los intereses generados, configurando los delitos de fraude y abuso por retención.
La Fuga y la Defensa
Tras emitirse una orden de aprehensión en enero de 2023, tanto David Alejandro “N” como otro implicado, Nabor “N”, se dieron a la fuga. La detención del primero en República Dominicana es el resultado de una ficha roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.
Por su parte, Nabor “N”, quien también es procesado por el delito de abuso por retención, ha defendido públicamente su inocencia.
«Soy un hombre inocente, soy un hombre íntegro», declaró Nabor “N” ante las acusaciones que lo vinculan directamente con la retención de los recursos estatales.
Una Red de Complicidad más Amplia
La investigación de la FGE apunta a una red de corrupción que va más allá de los directivos bancarios. En total, nueve personas han sido vinculadas a proceso en relación con el caso. Este grupo incluye a cinco ex servidores públicos de la administración de Jaime Bonilla y a varios particulares.
Los delitos imputados son graves: peculado, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, y coalición de servidores públicos. El caso Next Energy se ha convertido así en un ejemplo emblemático de cómo proyectos de infraestructura, presentados bajo la bandera de la modernidad y la energía limpia, pueden ser utilizados como vehículos para presuntos actos de corrupción a gran escala, dejando tras de sí un rastro de fondos públicos desaparecidos y una estela de procesos judiciales.
