Asesinan a jefe de la FGE en Guanajuato: la promesa de justicia
La mañana comenzó como cualquier otra para Juan Alberto Camarillo Zavala, jefe de la unidad de Tramitación Común de la Fiscalía General del Estado (FGE). Se dirigía por la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo, cumpliendo con sus labores, cuando su camino se cruzó con la violencia que azota a Guanajuato y que cada día cobra nuevas víctimas.
En cuestión de minutos, hombres armados lo interceptaron y lo privaron de la libertad. Aquello no fue un ataque al azar, sino una emboscada premeditada, planeada con precisión para silenciar a un servidor público comprometido con la justicia. Más tarde, su cuerpo fue localizado sin vida, confirmando el desenlace que sus agresores habían preparado.
La voz de la Fiscalía: no habrá impunidad
La Fiscalía General del Estado reaccionó de inmediato, visiblemente sacudida por el crimen. “No vamos a permitir que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber”, fue la advertencia contundente lanzada desde el organismo encabezado por Gerardo Vázquez Alatriste.
La promesa es clara: el Estado no permitirá que este ataque quede impune. Con apoyo de autoridades estatales y federales, la investigación avanza con el objetivo de capturar a los responsables y presentarlos ante un juez. “La fuerza del Estado se hará sentir, porque no habrá impunidad”, subrayó la FGE, consciente de que la sociedad espera resultados inmediatos.
Un golpe directo a la justicia en Guanajuato
La privación de la libertad y posterior homicidio de Juan Alberto Camarillo Zavala no solo es un crimen contra una persona, sino un mensaje contra la institución que representa. El ataque evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de combatir el crimen en una de las regiones más violentas del país.
En Guanajuato, los enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad han dejado una estela de violencia. Cada homicidio de un servidor público incrementa la percepción de vulnerabilidad y pone en duda la capacidad del Estado para proteger a quienes velan por la aplicación de la ley.
El reto de devolver la confianza ciudadana
El asesinato de Camarillo Zavala se convierte en un caso emblemático que pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para demostrar que la justicia no se doblega ante la violencia. La sociedad guanajuatense observa con atención, consciente de que cada omisión, cada silencio y cada retraso puede abrir la puerta a una mayor desconfianza hacia las instituciones.
La aplicación plena y enérgica de la ley será fundamental no solo para honrar la memoria del funcionario caído, sino también para enviar un mensaje claro a quienes pretenden doblegar al Estado a través del miedo.
Una herida abierta en la seguridad de México
La violencia en México ha dejado un rastro de impunidad en numerosos casos. El asesinato de un funcionario público como Juan Alberto Camarillo Zavala no es un hecho aislado, sino parte de una crisis más amplia en la que los servidores de la justicia se convierten en objetivos de los grupos armados.
La diferencia está en la respuesta: o el Estado actúa con contundencia para garantizar justicia, o el crimen se normaliza y el silencio se vuelve cómplice. Guanajuato, hoy, enfrenta esa encrucijada.
