Paloma Estrada Muñoz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), se convirtió en el centro de atención luego de denunciar amenazas graves en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que derivó en su incorporación inmediata al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos bajo el expediente SG/SSG/MEC-MOR/002/2025.
Denuncias y contexto de las amenazas
Estrada Muñoz, coordinadora de investigaciones sobre la Alerta de Violencia de Género en Morelos desde hace diez años y promotora del Municipio Indígena de Alpuyeca, ha sido víctima de campañas de intimidación, linchamiento y agresiones verbales y físicas. Estas acciones buscan obstaculizar su labor de promoción de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas que ella representa y defiende desde la CIDHM.
Apoyo institucional y acciones legales
José Martínez, vocero de la CIDHM, detalló que Estrada ha presentado tres denuncias ante la FGE contra quienes han participado en agresiones y amenazas. Entre ellas destaca una denuncia interpuesta en diciembre de 2023 por el delito de feminicidio en grado de tentativa y otros delitos cometidos por individuos que han formado parte del grupo que lidera las agresiones en Alpuyeca.
Conflictos por el uso de fondos públicos
Las amenazas también se relacionan con el uso de recursos públicos del FAISPIAM destinados a obras comunitarias. Martínez explicó que, según las reglas de operación de los Fondos Públicos, publicadas en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2025, la asignación de recursos debe realizarse a través de la Asamblea General de la comunidad, mediante la elección de los Comités de Administración y Vigilancia. Paloma Estrada, como presidenta de Comité, no posee la facultad individual de disponer dichos fondos, situación que ha sido utilizada como pretexto para campañas de presión en su contra.
Implicaciones para la seguridad de defensores
La situación de Estrada refleja un riesgo significativo para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en contextos indígenas y de administración comunitaria. La intervención del Mecanismo de Protección busca garantizar su seguridad, evitando que las amenazas se materialicen en ataques físicos o intimidación permanente. Este caso subraya la importancia de mecanismos estatales efectivos que protejan a defensores y promuevan el respeto a la autonomía indígena.
Relevancia social y política del caso
Más allá del ámbito legal, el caso de Paloma Estrada destaca la necesidad de visibilizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos en comunidades indígenas y la presión que enfrentan quienes buscan garantizar transparencia en el manejo de fondos públicos. La combinación de agresiones, amenazas y campañas de linchamiento evidencia un clima de hostilidad hacia quienes ejercen funciones de vigilancia social y promoción de la justicia.
