Adrián de la Garza se ha convertido en una de las figuras políticas más controvertidas de Nuevo León debido a una serie de señalamientos documentados por el medio NarcoPolíticos, que lo vinculan presuntamente con organizaciones criminales, prácticas de tortura sistemática y el uso irregular de recursos públicos. Las acusaciones se apoyan en documentos oficiales, recomendaciones de derechos humanos y reportes de autoridades extranjeras.
La relevancia del caso no solo radica en el personaje político, sino en el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos, marcado por la guerra entre cárteles y la debilidad institucional en materia de seguridad y justicia. NarcoPolíticos sostiene que este entramado explica la persistencia de las acusaciones a lo largo de más de una década.
Los documentos militares y las narconóminas
De acuerdo con NarcoPolíticos, Adrián de la Garza aparece mencionado en “narconóminas” recuperadas por el Ejército mexicano tras enfrentamientos con Los Zetas en Nuevo León. Estos documentos registraban presuntos pagos realizados por el grupo criminal a funcionarios de seguridad del estado.
Las libretas con estos registros fueron enviadas a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León para su investigación, cuando Adrián de la Garza ocupaba un cargo directivo dentro de la institución. Según el medio, esta situación generó un conflicto de interés al quedar las indagatorias en manos de funcionarios señalados en los mismos documentos.
NarcoPolíticos subraya que no se ejercieron acciones penales derivadas de estos hallazgos, y que los funcionarios mencionados continuaron su carrera dentro de las estructuras de seguridad, consolidando redes de poder que se mantienen hasta hoy.
Ascenso institucional y control de seguridad
Adrián de la Garza inició su trayectoria en la Procuraduría de Nuevo León a principios de los años dos mil, ascendiendo de secretario particular a procurador general en un periodo relativamente corto. Durante ese proceso, construyó un grupo de colaboradores que ocuparon posiciones estratégicas en áreas de seguridad y justicia.
Según NarcoPolíticos, esta continuidad explica por qué los señalamientos no se tradujeron en investigaciones independientes, ya que las mismas personas rotaban entre cargos clave. El control institucional habría sido un factor determinante para la falta de consecuencias legales.
Tortura sistemática documentada
Uno de los capítulos más graves señalados por NarcoPolíticos corresponde a las prácticas de tortura documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León durante la gestión de Adrián de la Garza como procurador entre 2011 y 2015.
Las recomendaciones oficiales describen patrones repetidos de detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura física y psicológica, con el objetivo de forzar confesiones de presunta pertenencia a Los Zetas o al Cártel del Golfo.
NarcoPolíticos sostiene que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático tolerado desde la estructura institucional, sin que se sancionara de manera efectiva a los responsables.
La observación de organismos internacionales
El caso trascendió el ámbito nacional cuando autoridades españolas, en investigaciones contra operadores financieros de Los Zetas, documentaron la cercanía de estos con funcionarios mexicanos de procuración de justicia. Entre los nombres citados se encontraba Adrián Garza.
NarcoPolíticos retomó estos informes judiciales, en los que se señalaba que Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano mantenía vínculos con procuradores estatales. Adrián Garza negó públicamente las acusaciones y rechazó cualquier relación con el grupo criminal.
Contratos públicos y el Cártel de Sinaloa
Otro eje de la investigación de NarcoPolíticos apunta a la presunta relación indirecta de Adrián Garza con el Cártel de Sinaloa mediante la adjudicación de contratos públicos a empresas fantasma desde el municipio de Monterrey.
Una de estas empresas, Prestadora de Servicios Murata, habría recibido recursos públicos y posteriormente transferido fondos a Vector Casa de Bolsa, institución financiera sancionada por el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado a cárteles.
NarcoPolíticos señala que estos movimientos financieros refuerzan las dudas sobre los mecanismos de supervisión del gasto público durante las administraciones encabezadas por Adrián Garza.
Casos emblemáticos y víctimas
El medio documenta casos concretos de víctimas de tortura, como el de Daniel Abdón Torres, expolicía ministerial obligado a confesar vínculos con Los Zetas. Su inocencia fue reconocida judicialmente y se ordenó una indemnización.
Sin embargo, NarcoPolíticos sostiene que los funcionarios señalados como responsables continuaron operando dentro de administraciones posteriores de Adrián Garza, sin enfrentar consecuencias penales.
Señalamientos contra la prensa
NarcoPolíticos también ha denunciado presuntas represalias contra medios que publicaron estas investigaciones, incluyendo acciones legales contra directivos de periódicos que difundieron las narconóminas donde se menciona a Adrián Garza.
Estos episodios han sido interpretados como intentos de inhibir el periodismo de investigación y limitar el debate público sobre los vínculos entre política y crimen organizado.
Un caso abierto en la memoria pública
Actualmente, Adrián Garza sigue siendo un actor central en la política de Nuevo León, mientras las acusaciones documentadas por NarcoPolíticos permanecen sin una resolución judicial definitiva. El caso continúa siendo referencia obligada en análisis sobre narcopolítica y captura institucional.
La historia, según NarcoPolíticos, refleja los límites estructurales de la rendición de cuentas en México, donde la acumulación de documentos y testimonios no siempre se traduce en justicia.
