En un lapso de tres años, trece menores de entre 1 y 16 años quedaron huérfanos tras feminicidios en Tamaulipas. La mayoría son niñas y viven en Matamoros, aunque también se registran casos en Altamira, Nuevo Laredo, Victoria y Reynosa. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas asegura dar seguimiento a estos casos, pero colectivos feministas denuncian un abandono institucional preocupante.
El 3 de noviembre, Día de las Muertas, se recuerda a las mujeres víctimas de violencia, pero también sirve para visibilizar a los niños que han quedado desprotegidos tras estos crímenes.
Estadísticas recientes de menores huérfanos por feminicidio
Entre 2022 y 2025, los registros oficiales revelan que siete niñas y seis niños se consideran víctimas indirectas del feminicidio.
- 2022: un niño de 12 años en Altamira.
- 2023: adolescente de 16 años en Nuevo Laredo.
- 2024: 11 menores, nueve en Matamoros (6 niñas y 3 niños), uno en Victoria y otro en Reynosa.
- 2025: no se han registrado datos oficiales hasta junio.
Estas cifras muestran que la violencia feminicida no solo mata a mujeres, sino que deja un legado de desprotección y trauma en la infancia.
La falta de apoyo institucional para los menores
Martha de la Cruz, de la colectiva Mujer Manglar, explica que la ausencia de políticas efectivas deja a estos niños en situaciones de vulnerabilidad extrema. En muchos casos, los menores quedan bajo el cuidado de familiares del agresor, lo que puede generar revictimización.
“No hay contextos que garanticen seguridad ni bienestar. Muchas veces son abuelas o tías en condiciones de precariedad quienes se hacen cargo”, señala De la Cruz.
El acompañamiento psicológico, la educación, la alimentación, la vivienda y la salud son aspectos esenciales que, según la activista, no se cumplen pese a la existencia de un presupuesto destinado a estas infancias.
Historias que reflejan la urgencia de acción
Entre los casos más recientes está el de una niña de tres años en Altamira, cuyo cuerpo de su madre fue hallado en una laguna. Hasta ahora, la menor no ha recibido apoyo psicológico ni social. Otro caso es el de Fanny, payasita y madre de dos hijas, cuya familia enfrenta abandono institucional tras su asesinato.
Estos relatos evidencian cómo la violencia se perpetúa y cómo el Estado falla en cumplir su obligación de proteger a las víctimas indirectas.
Exigencias de colectivos y activistas
Las organizaciones feministas insisten en la necesidad de:
- Garantizar seguridad y protección para menores huérfanos por feminicidio.
- Implementar programas de acompañamiento psicológico integral.
- Proveer educación, salud y alimentación a los niños y a quienes asumen su cuidado.
- Evitar revictimización al asegurar que familiares del agresor no tengan la custodia de los menores.
La prioridad, insisten, es erradicar la violencia de género y atender de manera efectiva a los hijos de las víctimas.
Tamaulipas enfrenta un panorama preocupante: la violencia feminicida deja no solo víctimas directas, sino niños y adolescentes en riesgo de desprotección y trauma. Activistas y colectivos exigen un cumplimiento real de la ley de víctimas y una política pública que contemple la protección integral de estas infancias. La falta de acción inmediata podría perpetuar ciclos de violencia y abandono.
