La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los 10 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) sanear al organismo, transparentar sus contrataciones y establecer reglas que permitan reducir los costos de los procesos electorales, al considerar que el presupuesto destinado a estas actividades podría estar inflado.
La mandataria señaló que no corresponde al Ejecutivo determinar si existen responsabilidades administrativas o penales por las presuntas irregularidades que se han señalado dentro del instituto, sino a las autoridades competentes. Sin embargo, sostuvo que los actuales integrantes del Consejo General tienen la responsabilidad de corregir las prácticas administrativas y garantizar que el dinero público se utilice de manera transparente.
El señalamiento también alcanzó al presupuesto del INE, pues Sheinbaum consideró que los aproximadamente 37 mil millones de pesos que se utilizan en un año electoral podrían contener sobrecostos derivados de esquemas de contratación que, a su juicio, deben revisarse.
Sheinbaum pide a los consejeros limpiar las contrataciones del INE
Durante su conferencia matutina, la presidenta insistió en que los 10 consejeros que actualmente integran el órgano electoral deben asumir la tarea de revisar los procedimientos de contratación y establecer mecanismos que impidan la concentración de proveedores.
“Lo que les corresponde a nosotros y al INE actual, los 10 consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes”, expresó.
Sheinbaum también planteó que los consejeros deben generar lineamientos que sean adoptados por los organismos electorales de los estados, conocidos como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), para evitar que las prácticas cuestionadas se reproduzcan en las entidades.
La intención, explicó, es que existan reglas claras para las adquisiciones, mayor competencia entre proveedores y una reducción de los recursos necesarios para organizar las elecciones.
La presidenta precisó que las posibles responsabilidades administrativas o penales no son una decisión que pueda tomar desde Palacio Nacional.
“Si tienen responsabilidades administrativas, penales, eso no lo determina la presidenta de la República, para eso hay instancias”, puntualizó.
Sheinbaum considera que el presupuesto del INE podría estar inflado
La mandataria puso especial atención en el costo de los procesos electorales y cuestionó si los recursos que actualmente se destinan a su organización corresponden realmente a las necesidades operativas del sistema electoral.
“Porque muy probablemente parte del monto tan alto, 37 mil millones de pesos que se usan para la elección de un año, pues están inflados con todos estos esquemas”, afirmó.
La declaración abre nuevamente la discusión sobre el presupuesto del INE, sus gastos operativos y el dinero que se destina a la contratación de empresas para producir materiales y documentación electoral.
El pasado 27 de octubre, Sheinbaum ya había comparado los recursos del instituto entre años electorales y periodos sin comicios. En esa ocasión mencionó que el organismo dispone de alrededor de 22 mil millones de pesos cuando no hay elecciones y que el presupuesto puede alcanzar los 35 mil millones en un año electoral.
La presidenta también ha planteado que se revise el financiamiento público de los partidos políticos y que la Cámara de Diputados valore los ajustes presupuestales correspondientes.
Contratos electorales, en el centro de la revisión
Los cuestionamientos al gasto del INE se producen en medio de señalamientos sobre la contratación de proveedores de materiales electorales y posibles irregularidades en procedimientos que se han mantenido durante varios años.
Sheinbaum ha insistido en que las auditorías deben revisar tanto las contrataciones recientes como las de administraciones anteriores, para determinar si existieron anomalías y deslindar responsabilidades.
Entre sus propuestas está fortalecer a Talleres Gráficos de México para que pueda producir una mayor parte de los materiales utilizados en las elecciones y reducir la dependencia de un grupo limitado de proveedores privados.
La discusión también alcanza a los organismos electorales estatales, cuyos procedimientos de contratación, de acuerdo con la presidenta, deben sujetarse a lineamientos transparentes y criterios de costos claros.
De cara a las elecciones de 2027, el planteamiento presidencial coloca sobre la mesa dos exigencias para el INE: recuperar la confianza pública mediante la transparencia y revisar cuánto cuesta realmente organizar los comicios en México.
Por ahora, los señalamientos sobre un posible presupuesto inflado constituyen la postura de la presidenta y no una conclusión derivada de una auditoría. Corresponderá a las instancias fiscalizadoras revisar los contratos, los costos y el destino de los recursos para determinar si existieron irregularidades.
