Transformación, vivienda y seguridad: retos y avances en la agenda de la 4T

Presupuesto histórico para vivienda y desafíos en seguridad municipal marcan el rumbo hacia 2025.

El horizonte de 2025 se vislumbra como un año crucial para la Cuarta Transformación (4T) y los gobiernos locales que buscan consolidar proyectos sociales. Desde un presupuesto histórico para vivienda en la Ciudad de México hasta el reto de mejorar las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad en municipios del Estado de México, los avances y obstáculos reflejan las prioridades de un gobierno que busca la justicia social como eje central.

Inversión histórica en vivienda: frenar el desplazamiento

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 enviado por el Gobierno capitalino al Congreso local destaca un aumento significativo en el rubro de vivienda: 9 mil millones de pesos, un incremento del 90% en comparación con 2024. Este esfuerzo busca:

  • Construcción de vivienda asequible: Proveer inmuebles a precios accesibles para los habitantes de la Ciudad de México.
  • Evitar el desplazamiento hacia la periferia: Atender la gentrificación y mantener a los capitalinos cerca de sus lugares de trabajo, servicios y redes comunitarias.

El Instituto de Vivienda (INVI), dirigido por Inti Muñoz Santini, lidera esta estrategia que no solo responde a una necesidad apremiante, sino que también refuerza el compromiso de la 4T con la justicia social.

Seguridad y salarios dignos: un ejemplo desde Coacalco

En el Estado de México, el municipio de Coacalco da un paso adelante con una propuesta ambiciosa: aumentar en un 100% y hasta 120% los salarios de los policías municipales. El alcalde priista David Sánchez Isidoro busca mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad, quienes actualmente perciben un salario base de 5,258 pesos mensuales, uno de los más bajos del país.

Además del aumento salarial, el plan contempla la contratación de 100 nuevos elementos, fortaleciendo así la capacidad operativa de la corporación. Estas acciones buscan:

  • Incentivar la profesionalización y permanencia en el cuerpo policial.
  • Reconocer la labor de quienes garantizan la seguridad ciudadana.

Este modelo, si se implementa correctamente, podría ser un referente para otros municipios en situaciones similares.

Paros laborales en Ocuilan: una deuda con la seguridad pública

Mientras algunos municipios avanzan en la mejora de condiciones para sus policías, otros enfrentan crisis graves. En Ocuilan, elementos de la Dirección de Seguridad Pública realizaron un paro de actividades debido a la falta de pago de aguinaldos y quincenas.

La protesta, que dejó al municipio sin vigilancia, evidencia problemas estructurales:

  • Falta de cumplimiento de obligaciones laborales: Los uniformados reclaman aguinaldos y primas vacacionales que les corresponden por ley.
  • Desatención en la administración pública: El gobierno local, encabezado por Wilfrido Pérez Segura, debe priorizar el bienestar de sus trabajadores para evitar la descomposición de los cuerpos de seguridad.

Esta situación contrasta con los avances en Coacalco, subrayando la necesidad de un esfuerzo coordinado a nivel estatal y nacional para garantizar condiciones dignas a los elementos de seguridad.

Justicia social y retos estructurales

El presupuesto histórico para vivienda y las iniciativas para mejorar las condiciones de los cuerpos de seguridad reflejan avances significativos en la búsqueda de justicia social. Sin embargo, los casos de abandono laboral y precariedad, como el de Ocuilan, muestran que aún queda mucho por hacer.

La Cuarta Transformación enfrenta el reto de extender estos logros a nivel nacional, construyendo un modelo que garantice derechos laborales y acceso a servicios básicos, mientras prioriza las necesidades de las comunidades más vulnerables.

Hacia un México más justo en 2025

El aumento en la inversión para vivienda y los esfuerzos por dignificar el trabajo policial son pasos en la dirección correcta. No obstante, el camino hacia una sociedad más equitativa requiere coordinación, disciplina y compromiso ético por parte de los gobiernos locales y nacionales.

En este contexto, la 4T tiene la oportunidad de demostrar que el cambio pacífico del régimen hacia una sociedad más justa es posible, siempre que se prioricen las necesidades de las personas sobre los intereses particulares.

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