La reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado revuelo al negarse a opinar sobre la inconstitucionalidad de la reforma judicial, en respuesta a una solicitud del ministro Juan Luis González Alcántara. Esta postura ha subrayado la separación de competencias entre lo electoral y lo constitucional, una determinación que revela no solo los límites de la jurisdicción del TEPJF, sino también la compleja interacción entre los poderes judiciales en México.
Una decisión que divide opiniones
El pasado 28 de octubre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara, propuso que el TEPJF opinara sobre la inconstitucionalidad de la reforma judicial, que busca cambios profundos en la elección de los órganos judiciales. La solicitud provocó una respuesta inmediata y polarizadora en el TEPJF. Después de una sesión privada, la sala superior decidió, por tres votos contra dos, que no emitiría una opinión, argumentando que se trataba de un tema estrictamente constitucional y no electoral.
Este tipo de resoluciones suelen ser de alto impacto, pues muestran los límites de la intervención del TEPJF en temas que, aunque relacionados con el poder judicial, no pertenecen a su campo electoral. Para muchos, la postura del TEPJF ha sido vista como una forma de respetar la autonomía de cada entidad judicial en México. Sin embargo, para otros, refleja una falta de voluntad para abordar la reforma judicial en su totalidad.
¿Por qué el TEPJF no puede opinar sobre la reforma?
El Tribunal Electoral es una autoridad especializada en el ámbito electoral, cuyo enfoque es asegurar el respeto al voto y la legalidad de los procesos electorales. La petición del ministro González Alcántara requería al TEPJF opinar sobre una reforma de carácter constitucional, lo cual excede su mandato, que solo contempla temas electorales. Según la resolución, la opinión sobre la reforma judicial “no versa sobre una ley con contenido electoral”, sino que se centra en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas relacionadas con el poder judicial.
La sentencia puntualizó que, si bien el TEPJF tiene capacidad de emitir opiniones en ciertos casos, estas deben estar vinculadas exclusivamente a leyes con contenido electoral. Esta línea que separa el derecho electoral del derecho constitucional ha sido esencial para definir los alcances de cada órgano y evitar que el TEPJF invada el ámbito de la Suprema Corte.
El impacto y las implicaciones de esta decisión
La negativa del TEPJF a emitir una opinión en este tema llega en un momento en que el país observa con atención los movimientos dentro del Poder Judicial. La reforma judicial propuesta, que tiene como eje central la elección democrática de las personas titulares de los órganos de impartición de justicia, representa un cambio en cómo se configuran y operan estos órganos. Si bien el TEPJF ha optado por mantenerse al margen, su postura podría influir en otros órganos judiciales que se enfrentan a solicitudes similares sobre la reforma.
Para quienes defienden la postura del TEPJF, este rechazo es un acto necesario para salvaguardar la división de competencias entre los tribunales electorales y los tribunales constitucionales. Sin embargo, en un contexto de fuertes discusiones sobre la autonomía y la rendición de cuentas en el sistema judicial, muchos observan esta decisión como un acto de cautela excesiva.
¿Qué sigue en la discusión de la reforma judicial?
Con la respuesta del TEPJF, la atención vuelve a la Suprema Corte y al Poder Legislativo, los verdaderos protagonistas en la discusión de esta reforma. La postura de la SCJN respecto a la inconstitucionalidad o viabilidad de la reforma será determinante para definir los próximos pasos. De igual manera, el Congreso de la Unión será quien decida el destino de la propuesta, en medio de un ambiente de alta expectativa y escrutinio público.
El debate sobre la reforma judicial no termina aquí. Aunque el TEPJF ha optado por no intervenir, la discusión sobre el futuro del poder judicial en México sigue abierta y continuará siendo un tema clave en la agenda política y social del país.
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