Imagínese vivir como Josef K., el protagonista de El Proceso de Franz Kafka: arrestado sin conocer los cargos, atrapado en un sistema impenetrable e ilógico, y enfrentando la desesperación de no poder probar su inocencia. Esta no es solo una historia literaria; en México, la prisión preventiva oficiosa convierte esta narrativa en una realidad para miles.
El Artículo 19: El detonante de nuevos «Josef K.» en México
La reciente ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, contenido en el Artículo 19 de la Constitución, amenaza con aumentar el número de personas detenidas sin sentencia en nuestro país.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en México (INEGI), el 37.3% de las personas encarceladas no han recibido una sentencia. La prisión preventiva oficiosa les obliga a enfrentar el proceso tras las rejas, sin oportunidad de cuestionar las bases de su acusación.
¿Qué significa la prisión preventiva oficiosa?
Es una medida que dicta la reclusión automática de una persona acusada de ciertos delitos, como delincuencia organizada, homicidio doloso o uso de armas exclusivas del ejército. El acusado permanece encarcelado durante todo el proceso judicial, sin posibilidad de amparo.
Una justicia que se alarga indefinidamente
Al igual que Josef K., los mexicanos sometidos a prisión preventiva enfrentan una justicia lenta e incierta. Según cifras de México Evalúa, el promedio para dictar sentencia es de dos años y medio. Esto significa que miles de personas pasan meses, incluso años, en prisión sin un fallo judicial definitivo.
El impacto humano de la prisión preventiva
- Familias rotas: Muchas personas detenidas son el sustento principal de sus hogares.
- Daño psicológico: La incertidumbre y la reclusión generan estrés, ansiedad y depresión.
- Estigmatización: Incluso si son declaradas inocentes, las personas liberadas enfrentan el estigma social.
El rol de la CNDH y la reelección de Rosario Piedra
La reciente reelección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha generado indignación en la opinión pública. La falta de acción contundente de la CNDH ante violaciones graves de derechos humanos, como las condiciones de la prisión preventiva, refuerza la idea de un sistema que, como en El Proceso, deja a los acusados sin protección.
Prisión preventiva: Entre la ley y los derechos humanos
El Estado mexicano ha recibido advertencias de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideran la prisión preventiva una violación al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, las reformas recientes han expandido el uso de esta medida.
¿Qué se necesita para cambiar esta realidad?
- Revisión del Artículo 19: Reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
- Fortalecer el sistema de justicia: Acelerar los procesos judiciales y mejorar la formación de jueces.
- Supervisión activa de la CNDH: Garantizar que los derechos humanos sean protegidos en todas las etapas del proceso judicial.
Un llamado a la justicia verdaderamente justa
En el México actual, la prisión preventiva es más que una medida cautelar; se ha convertido en una condena anticipada. Como en El Proceso, las personas acusadas se ven atrapadas en un sistema que parece diseñado para desesperarlas, en lugar de ofrecerles justicia.
La lucha por cambiar este escenario es urgente. Una reforma integral al sistema de justicia no solo garantizaría procesos más rápidos y equitativos, sino que también devolvería la confianza en las instituciones judiciales.
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