Pemex enfrenta un nuevo episodio judicial luego de que el Ministerio Público Federal anunciara que formulará cargos contra dos ex funcionarios de Petróleos Mexicanos por su presunta participación en la autorización de una pensión vitalicia a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. El caso, que se remonta a 2004, ha vuelto al centro del debate público por el posible uso ilícito de atribuciones y facultades dentro de la empresa productiva del Estado.

Pemex y la reapertura de un expediente clave

La investigación, según información del Poder Judicial de la Federación, incluye a Miguel Ángel Feijóo y Teresa Maldonado Ordóñez como coacusados en el expediente donde también se señala a María Amparo Casar. Ambos ex funcionarios habrían participado en el procedimiento administrativo que permitió el pago de una pensión mensual de 125 mil pesos, otorgada tras el fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de Casar y trabajador de Pemex.

Los cargos se formalizarán en una audiencia programada para el próximo martes en un juzgado federal, luego de que un tribunal colegiado resolviera la competencia del caso. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que existen elementos suficientes para llevar el proceso ante un juez, tras la judicialización de la carpeta de investigación.

Pensión vitalicia bajo la lupa judicial

El eje del caso es la legalidad del otorgamiento de la pensión post mortem. Carlos Fernando Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004 como coordinador de asesores del director de Administración y falleció el 7 de octubre de ese mismo año. Apenas semanas después, el 15 de octubre, María Amparo Casar solicitó formalmente la pensión y el pago del seguro correspondiente.

De acuerdo con lo informado por autoridades, el primer pago se realizó el 29 de octubre de 2004, es decir, solo 22 días después del fallecimiento del trabajador. Esta rapidez en el trámite es uno de los puntos que la FGR considera atípicos y que podrían configurar responsabilidades penales para quienes avalaron el procedimiento.

Ex funcionarios de Pemex señalados

La carpeta de investigación detalla que Marco Antonio Murillo Soberanis, entonces gerente corporativo de Recursos Humanos de Pemex, instruyó a Miguel Ángel Feijóo —quien se desempeñaba como gerente de Administración Financiera— para realizar los trámites necesarios para el pago de la pensión y otros beneficios. Aunque Murillo no figura en esta etapa como imputado formal, su papel es relevante en la reconstrucción de los hechos.

Por su parte, Teresa Maldonado Ordóñez, adscrita en ese momento a la Subgerencia de Recursos Financieros, habría participado directamente en el procedimiento de pago. La FGR sostiene que ambos ex funcionarios habrían excedido o utilizado de manera indebida sus atribuciones, facilitando un beneficio que no cumpliría con los requisitos normativos vigentes en ese momento.

Pemex y el contexto político del caso

El tema volvió a la agenda pública en mayo de 2024, cuando el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, abordó el caso durante una conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Romero subrayó la rapidez con la que se otorgó la pensión y cuestionó las decisiones administrativas tomadas por funcionarios de la petrolera en 2004.

Este señalamiento reavivó el debate sobre la corrupción histórica en Pemex, una empresa que durante décadas ha sido señalada por prácticas discrecionales en el manejo de recursos y prestaciones. El caso Casar se convirtió así en un símbolo de las presuntas irregularidades del pasado que las autoridades actuales buscan llevar ante la justicia.

Uso ilícito de atribuciones, el delito imputado

El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades contempla sanciones para servidores públicos que, aprovechando su cargo, otorguen beneficios indebidos o realicen actos contrarios a la ley. En este proceso, la FGR deberá demostrar que los ex funcionarios actuaron de manera deliberada y fuera del marco legal para autorizar la pensión vitalicia.

La defensa de los implicados, previsiblemente, argumentará que los trámites se realizaron conforme a las normas internas de Pemex vigentes en ese momento, lo que anticipa un proceso judicial complejo y de alto perfil mediático.

Un caso que marcará precedentes

Más allá de las responsabilidades individuales, el proceso contra los ex funcionarios de Pemex podría sentar un precedente judicial sobre la revisión de decisiones administrativas tomadas hace décadas dentro de empresas del Estado. También abre un debate más amplio sobre la rendición de cuentas y la revisión de beneficios otorgados en contextos poco transparentes.

El desenlace del caso será clave no solo para las personas imputadas, sino para la narrativa oficial sobre el combate a la corrupción y la capacidad del sistema judicial para resolver asuntos que involucran poder, recursos públicos y figuras influyentes.