Movilización por la justicia y contra la criminalización
Organizaciones sociales anunciaron que el próximo miércoles 10 de septiembre realizarán una marcha en la Ciudad de México para exigir un alto a la impunidad, a la criminalización de la protesta social y a la liberación de quienes consideran presos políticos.
La movilización, que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, fue convocada por la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, el Movimiento de Liberación Nacional Nuevo País, las secciones 9 y 10 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Frente Popular Francisco Villa (FPFv).
Los organizadores señalaron que la protesta busca visibilizar los casos de líderes sociales y sindicales detenidos por motivos políticos y exigir a las autoridades federales y estatales que cesen las acusaciones fabricadas en su contra.
El caso de Miguel Ángel Guzmán Michel
Durante la conferencia de prensa, Inés Chávez Ruiz, maestra jubilada e integrante de la CNTE, recordó la detención que calificó como “ilegal” de Miguel Ángel Guzmán Michel, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Según explicó, el pasado 14 de junio, Guzmán Michel organizó una convención de maestros en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde se abordó la necesidad de renovar la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Alfonso Cepeda Salas.
Tras acordar que se presentaría una demanda contra Cepeda por usurpación de funciones, ya que ocupa simultáneamente un cargo sindical y una curul en el Senado, Guzmán Michel fue detenido en Tamaulipas y trasladado a Veracruz.
Los cargos que se le imputan son de terrorismo, una acusación que las organizaciones consideran desproporcionada y parte de una estrategia de represión contra el movimiento magisterial. “Es un preso político, por ello en esta movilización estamos exigiendo su inmediata liberación”, afirmó Chávez Ruiz.
UPVA 28 de Octubre denuncia acusaciones falsas
Por su parte, Atl Sarabia, representante de la UPVA 28 de Octubre, denunció que las autoridades de Puebla han acusado a la organización de ser un grupo delictivo y de buscar desestabilizar al gobierno.
El dirigente recordó el caso más reciente: la protesta de las normalistas de Teteles, donde la UPVA expresó su apoyo. Tras dicha manifestación, el gobierno estatal responsabilizó a la organización por la quema de un camión del transporte público (RUTA), lo cual, aseguró, es totalmente falso.
“Las compañeras normalistas ya desmintieron esa situación y deslindaron a nuestra organización de los hechos vandálicos. Fueron grupos porriles quienes cometieron esos actos, no nosotros”, enfatizó Sarabia.
Criminalización de la protesta, el tema central
Los colectivos participantes coinciden en que las acusaciones en contra de Guzmán Michel y de otras organizaciones sociales forman parte de un patrón de criminalización de la protesta social en México.
Señalan que, bajo figuras legales como “terrorismo” o “asociación delictuosa”, se busca inhibir la organización ciudadana y sindical. Además, sostienen que este tipo de procesos legales vulneran el derecho constitucional a la libre manifestación.
La movilización del 10 de septiembre pretende no solo exigir la liberación de Guzmán Michel, sino también visibilizar otros casos de activistas detenidos en diferentes estados de la República.
Camino al Zócalo: un reclamo colectivo
De acuerdo con los organizadores, la marcha iniciará a media mañana en el Ángel de la Independencia y avanzará por Paseo de la Reforma con destino al Zócalo capitalino, donde se espera la instalación de un mitin político.
El objetivo es que la manifestación tenga un carácter pacífico pero contundente, para enviar un mensaje claro: alto a la represión y libertad para los presos políticos.
Contexto de represión y demandas pendientes
Las organizaciones recordaron que en los últimos años se han registrado múltiples casos de hostigamiento contra defensores sociales, particularmente en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.
En este contexto, la exigencia de liberar a los presos políticos se vincula con una demanda más amplia de respeto a los derechos humanos y de garantías para el ejercicio libre de la protesta en México.
Los convocantes insistieron en que la movilización no es únicamente por un caso en particular, sino por una problemática estructural que afecta a diferentes movimientos y comunidades.
La marcha convocada por la UPVA 28 de Octubre, la CNTE, el FPFV y el Movimiento de Liberación Nacional Nuevo País refleja el creciente malestar de organizaciones sociales frente a lo que consideran un patrón de criminalización y represión de la protesta en México.
El caso de Miguel Ángel Guzmán Michel, acusado de terrorismo tras cuestionar a la dirigencia del SNTE, se ha convertido en un símbolo de esta lucha. Mientras tanto, colectivos como la UPVA denuncian acusaciones falsas que buscan deslegitimar sus causas.
El próximo 10 de septiembre, el recorrido del Ángel al Zócalo será más que una marcha: será una muestra de resistencia, un reclamo de justicia y un recordatorio de que, para cientos de ciudadanos y activistas, en México aún existen presos políticos cuya libertad es una deuda pendiente.
