La demanda federal interpuesta por los fiscales generales demócratas argumenta que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en marzo de 2025 «pisaría» el poder inherente de los estados para establecer sus propias reglas electorales. Sostienen que el poder ejecutivo carece de la autoridad para dictar tales disposiciones. Esta postura fue respaldada por un grupo bipartidista de exsecretarios de estado, quienes afirmaron que la directiva de Trump busca «coronar unilateralmente al Presidente como el principal formulador de políticas y administrador electoral del país».
Puntos Clave de la Orden Ejecutiva
La orden ejecutiva de Trump incluye varias provisiones significativas. Entre ellas, se exige a los votantes presentar prueba de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en elecciones federales. También prohíbe el conteo de boletas por correo o en ausencia si son recibidas después del Día de las Elecciones, establece nuevas reglas para el equipo de votación y prohíbe que los no ciudadanos estadounidenses realicen donaciones en elecciones.
La Defensa del Gobierno
El Departamento de Justicia, en defensa de la orden ejecutiva, argumenta que el presidente actúa dentro de sus derechos al dirigir a las agencias a cumplir con sus «deberes estatutarios». Añaden que «los únicos votantes potenciales a los que priva de sus derechos son los no ciudadanos que de todos modos no son elegibles para votar». Sin embargo, una disposición similar que exigía prueba de ciudadanía ya fue detenida en una demanda federal anterior, donde un juez dictaminó que el intento del presidente de usar una agencia federal para promulgar tal requisito «usurpaba el poder de los estados y el Congreso».
«Si el tribunal no detiene la orden, ‘la bola de nieve del exceso ejecutivo crecerá rápida y exponencialmente’.» — Argumento de los fiscales generales demócratas.
Impacto en el Futuro Electoral
La resolución de este caso tendrá profundas implicaciones para la administración de futuras elecciones en EE. UU., redefiniendo potencialmente el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados en materia electoral. Este litigio no se limita a las reglas electorales específicas, sino que representa una escalada en la batalla política por el control del proceso democrático en el país. Refleja una tendencia creciente a llevar las disputas políticas fundamentales a los tribunales, donde cada rama del gobierno busca afirmar su autoridad constitucional.
La insistencia de la administración Trump en medidas como la «prueba de ciudadanía», bajo el pretexto de garantizar «elecciones libres, justas y honestas», se encuentra en contradicción directa con las preocupaciones expresadas por grupos de derechos civiles y exfuncionarios. Estos críticos advierten que tales medidas podrían «privar de sus derechos» a votantes elegibles. Esta discrepancia expone una profunda polarización ideológica sobre la definición misma de «integridad electoral» y el acceso al voto. La retórica de «integridad electoral» a menudo enmascara intentos de reconfigurar el electorado, y la persistencia en estas políticas, a pesar de los desafíos legales previos, subraya la división política que lleva a ciclos continuos de conflicto legal y político.
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