Desde el 13 de febrero, se lanzó la convocatoria pública para integrar la lista de candidatos a ocupar uno de los 117 cargos disponibles en el Poder Judicial de Quintana Roo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por transparentar el proceso, la opacidad ha marcado el camino hacia la selección de jueces y magistrados, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la eficiencia del proceso.
En ese primer día de convocatoria, se establecieron los requisitos para los aspirantes y se instalaron los comités evaluadores de los tres poderes constitucionales del Estado. Estos comités serían los encargados de recibir los expedientes de los candidatos y analizar su idoneidad para los cargos.
El 3 de marzo, los comités publicaron las primeras listas con 414 aspirantes que cumplían los requisitos necesarios para participar en el proceso electoral judicial. No obstante, esta publicación estaba lejos de ser la lista oficial, pues incluía más de una veintena de nombres duplicados entre las tres listas.
Esto provocó que se iniciara un proceso de «cruce de listas» para eliminar los duplicados y generar las tres listas finales que deberían haber sido publicadas a más tardar el 12 de marzo. Pero esa fecha pasó sin que se dieran a conocer públicamente las listas finales, y solo el Congreso del Estado publicó su listado de candidatos. Ni el Gobierno del Estado ni el Poder Judicial, hasta la edición de este texto, han dado a conocer las listas correspondientes.
Avalan listas de candidatos, pero sin hacerlas públicas
A pesar de que la convocatoria establecía que el Congreso debía aprobar los listados antes del 13 de marzo, lo único que se aprobó fueron los oficios presentados por la gobernadora Mara Lezama y el magistrado Heyden Cebada, en los que ambos se manifestaron de acuerdo con las listas de los comités evaluadores, pero sin adjuntar los documentos definitivos.
El proceso de selección también experimentó más demoras debido a un error técnico. Dos de los poderes constitucionales postularon a los mismos aspirantes para cargos diferentes, lo que obligó a cancelar esas candidaturas durante la sesión del Congreso el 19 de marzo.
Ese mismo día, los expedientes fueron entregados al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), que ahora se encargará de evaluar los documentos, centrando sus esfuerzos en asegurar la paridad de género, para posteriormente remitir al Instituto Nacional Electoral (INE) el listado final de candidatos.
No obstante, la falta de acceso público a los listados definitivos de los otros dos poderes (Poder Ejecutivo y Poder Judicial) ha alimentado las críticas sobre la falta de transparencia en el proceso a las Elecciones Judiciales del Poder Judicial del Estado. Aunado a que los diputados, integrantes de los Comités Evaluadores y consejeros del Ieqroo, hasta el momento afirman no tener acceso a estos documentos.
