El gobierno de Clara Brugada ha lanzado una ofensiva directa contra los «franeleros». Una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica busca imponer arrestos de 36 horas sin derecho a multa para quienes aparten lugares o cobren por estacionarse en la vía pública en la CDMX.
En una de sus primeras jugadas políticas de alto impacto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha presentado una iniciativa que busca erradicar una de las prácticas más polémicas y cotidianas de la capital: el control de la vía pública por parte de los «franeleros» o «viene-viene».
La propuesta, que ya fue enviada al Congreso local para su discusión, modifica la Ley de Cultura Cívica para endurecer drásticamente las sanciones, apostando por la «mano dura» para recuperar el control de las calles.
La «Ley Brugada»: ¿Qué Cambia Exactamente?
La reforma se centra en tipificar como infracciones claras y específicas tres conductas que hasta ahora se movían en una zona gris de la ley:
* Apartar espacios en la vía pública utilizando cualquier tipo de objeto como cubetas, sillas, llantas o conos.
* Obstaculizar el libre uso del espacio público para el estacionamiento de vehículos.
* Exigir, coaccionar o intimidar a una persona para obtener un pago a cambio de permitir el estacionamiento o por «vigilar» el vehículo.
La clave de la iniciativa reside en la sanción. La propuesta establece un arresto de 36 horas inconmutable. Esto significa que el infractor no podrá librarse de la detención pagando una multa económica o realizando trabajo comunitario, una medida diseñada para tener un efecto disuasorio mucho mayor. Adicionalmente, si la conducta involucra amenazas, violencia o robo de autopartes, el caso será turnado a la Fiscalía para ser investigado como un delito penal, como extorsión o lesiones.
«En esta ciudad, el espacio público es un derecho, no es una mercancía ni debe ser un privilegio. Y no hay un espacio público más importante, más vital, más democrático y más cotidiano en su uso que las calles», declaró Clara Brugada al presentar la iniciativa.
El Enfoque Dual: Castigo, pero también Apoyo
Consciente de que muchas personas recurren a esta actividad por necesidad económica, el gobierno capitalino ha planteado un enfoque de dos vías. A la par de las sanciones, se implementarán programas de apoyo a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Estos programas buscarán ofrecer alternativas de empleo formal y apoyos para proyectos productivos a quienes dejen de ejercer esta actividad ilegal.
La iniciativa ha abierto un intenso debate político y social en la ciudad. Por un lado, es aplaudida por ciudadanos y automovilistas cansados de la extorsión y la apropiación ilegal de las calles, quienes ven en la medida un acto necesario para restaurar el orden. Por otro lado, es criticada por sectores que la consideran una política de «criminalización de la pobreza», argumentando que ataca el síntoma (la informalidad) sin resolver las causas de fondo (la falta de oportunidades y la desigualdad).
Esta reforma es una clara declaración política del nuevo gobierno de la CDMX. Aborda un problema altamente visible que afecta la calidad de vida diaria de millones de capitalinos, posicionando a la administración como una fuerza decidida a imponer el orden. El éxito o fracaso de esta «mano dura» dependerá no solo de su capacidad para aplicarla, sino de la efectividad de sus programas sociales para ofrecer una salida digna a quienes hoy ven en la calle su única fuente de ingresos.
