Manipulación y autoritarismo en México: el avance de Morena y el riesgo democrático

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Un reciente acto público muestra a una niña abrazando a la Presidenta, una escena que al principio parecería sincera y espontánea, pero que algunos observadores perciben como un intento de lavar la imagen de un gobierno que muchos califican como cada vez más autoritario. Entre reformas, desaparición de órganos autónomos y alianzas cuestionables, el avance de Morena parece apuntar hacia un control absoluto de las instituciones en el país.

Alianzas estratégicas y la incorporación de figuras polémicas

La consolidación del oficialismo en México está acompañada de un cambio de discurso que busca desdibujar la diferencia entre el “nuevo” régimen y las administraciones previas, mismas que han sido duramente criticadas. A quienes antes se consideraba adversarios o representantes de un sistema corrupto, hoy se les da la bienvenida si alinean su voto y apoyo al actual gobierno. Ejemplo de esto son figuras como Ramírez Marín y Alejandro Murat, quienes, habiendo formado parte de administraciones anteriores, hoy integran el círculo cercano al oficialismo. Y está Javier Corral, quien pasó de ser detractor de Morena a formar parte de sus filas.

A cambio, quienes se unen a esta causa no solo encuentran refugio, sino también una oportunidad para resurgir en la política nacional, aunque esto signifique traicionar los principios que anteriormente defendían. Esta estrategia ha permitido al partido en el poder construir un conglomerado de intereses que apunta a consolidar una agenda que avanza sin freno, en ocasiones sin importar las repercusiones sociales ni el mandato parcial que recibió de los votantes.

Reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos: ¿qué está en juego?

Con el 54% de los votos, Morena se mueve con un impulso que pretende transformar la Constitución, suprimiendo órganos autónomos clave como el INAI, el CONEVAL y otros reguladores sectoriales. Estas instituciones representan contrapesos al poder y tienen la función de velar por derechos fundamentales de la ciudadanía, como el acceso a la información, la evaluación de políticas sociales y la regulación en sectores estratégicos de la economía.

La desaparición del INAI, por ejemplo, implicaría una pérdida de transparencia y acceso a la información pública. En un país donde la corrupción es un desafío persistente, la eliminación de este organismo afectaría gravemente la capacidad de los ciudadanos para supervisar y exigir cuentas a sus gobernantes.

De igual modo, el desmantelamiento de organismos reguladores en sectores energéticos y de telecomunicaciones podría tener consecuencias económicas y sociales. Sin reguladores imparciales, se corre el riesgo de que los monopolios, particularmente los cercanos al gobierno, obtengan aún más poder, lo cual terminaría por afectar a los consumidores. La competencia sería menos accesible y los servicios más caros, afectando directamente a las familias mexicanas.

Crisis de derechos humanos y el cuestionado papel de la CNDH

El manejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha generado una serie de críticas. Rosario Piedra, quien es la actual presidenta, ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos debido a sus limitados resultados y su aparente alineación con el gobierno. Aunque los derechos humanos deberían ser una prioridad en un país con altos índices de violencia, la gestión de Piedra ha recibido señalamientos por no responder con contundencia ante situaciones críticas de violación de derechos. Pese a ello, el oficialismo parece dispuesto a impulsar su reelección, argumentando una necesidad de “continuidad”.

La realidad de la violencia en México y el silencio del gobierno

Mientras el gobierno promueve su agenda política, los problemas de violencia en el país siguen aumentando. En estados como Guerrero, Guanajuato y Sinaloa, la situación es alarmante. Recientemente, el hallazgo de once cuerpos desmembrados en Guerrero, incluyendo dos menores, fue una escena desgarradora que visibiliza la falta de control sobre la violencia. Este hecho ocurre mientras la gobernadora del estado participaba en un acto público, mostrando una aparente desconexión entre la realidad de las comunidades y la agenda de los funcionarios.

La respuesta del gobierno federal ante estos eventos ha sido mínima, limitada a expresiones de condolencias sin acciones tangibles que respondan a la emergencia. Las medidas de seguridad se quedan cortas frente a la magnitud del problema, y el enfoque de la administración parece estar más orientado hacia la consolidación de poder que hacia la protección de los ciudadanos.

La mañanera y el discurso del poder

El actual gobierno ha convertido las conferencias de prensa diarias en un espacio de propaganda, donde se busca fijar una narrativa positiva y minimizar las críticas. Este control de la comunicación permite al gobierno posicionar su versión de los hechos, mientras problemas graves como la violencia y la falta de transparencia son tratados de forma superficial.

Sin embargo, cada vez son más quienes perciben que estas estrategias no buscan informar, sino manipular la opinión pública, orientando el enfoque hacia temas que desvían la atención de las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía. Con un discurso que parece estar más enfocado en consolidar la narrativa de la “Cuarta Transformación” que en atender los problemas urgentes, la desconexión con la realidad se vuelve evidente.

¿Hacia dónde va México?

La creciente influencia de Morena y sus aliados, acompañada de la desaparición de contrapesos institucionales, plantea una inquietante pregunta: ¿cuál es el límite de este poder? Los órganos autónomos, como el INAI y el CONEVAL, no solo representan avances democráticos, sino también herramientas esenciales para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y a un gobierno transparente. Su desaparición marcaría un retroceso en la consolidación de una democracia participativa.

Al eliminar contrapesos y alinear a críticos y figuras de administraciones anteriores, el gobierno actual parece encaminarse hacia un control cada vez más centralizado. La pregunta es si esta concentración de poder responderá a las necesidades de la población o a una agenda de partido que busca perpetuar su control sin importar el costo social.

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