La recta final del periodo legislativo
Ley de Aguas, una de las reformas más esperadas y también más polémicas por su impacto en la gestión del recurso más estratégico del país.

De acuerdo con el coordinador morenista, Ricardo Monreal, la propuesta será dictaminada entre el 4 y el 6 de diciembre, con la expectativa de votarla antes de que termine el periodo ordinario. Si es aprobada, la minuta será enviada al Senado para su revisión.
La discusión ya comenzó en un ambiente de alta participación social. Este martes se activaron las audiencias públicas en San Lázaro, un ejercicio que tendrá cuatro días de duración y que abrirá el debate a cientos de voces. La nueva ley no llegará en su versión original: Monreal aseguró que la iniciativa “sufrirá modificaciones” tras escuchar a especialistas, colectivos y sectores productivos.
Una discusión con 453 voces inscritas
La dimensión del interés quedó clara desde el primer día. Tan solo en la jornada inaugural, se registraron 453 participaciones, una cifra inusual que confirma la complejidad del tema.
Los asistentes incluyen grupos ciudadanos, organizaciones ambientales, ejidatarios, pequeños propietarios, usuarios de sistemas de riego, empresas mineras y representantes industriales, además de académicos y especialistas.
El objetivo de estas sesiones es trazar un mapa completo de los impactos sociales, económicos y ecológicos de la futura ley. La regulación del agua es hoy una de las discusiones más sensibles del país: abarca desde la sobreexplotación de acuíferos y la presión industrial hasta la escasez en regiones urbanas, el estrés hídrico rural y el derecho humano al agua.
La expectativa es que la nueva legislación permita un sistema más justo, sostenible y transparente, aunque los diferentes sectores tienen posiciones encontradas respecto al rol del Estado, los permisos de extracción y la participación privada.
Una agenda legislativa apretada
Además de la Ley de Aguas, Morena planea concluir el año con una lista cargada de reformas. Monreal señaló que aún quedan cuatro leyes por analizar en San Lázaro:
- La ley sobre vapeadores,
- La ley de tarifas arancelarias,
- La ley de economía circular,
- Y la Ley de Aguas.
A eso se suma la minuta sobre extorsión, que se encuentra todavía en el Senado. La mayoría morenista en Diputados ya anticipó que se allanará a los cambios que la cámara alta defina, una señal de coordinación entre las fracciones de ambas cámaras.
En paralelo, el Senado también avanza con su propia carga legislativa. El coordinador morenista, Adán Augusto López Hernández, dijo que tienen en puerta la ley de extorsión, cuatro minutas provenientes de Diputados y 11 dictámenes en distintas materias.
Implicaciones para el futuro hídrico del país
La futura Ley de Aguas es vista como una pieza clave para ordenar el uso del recurso en un país donde la demanda crece y la disponibilidad disminuye. En los últimos años, la presión hídrica ha escalado debido a factores como el cambio climático, el crecimiento urbano, la expansión industrial y las prácticas agrícolas intensivas.
Por ello, los legisladores enfrentan un reto doble:
- Equilibrar el derecho humano al agua con la operación de sectores productivos esenciales.
- Actualizar una normativa considerada obsoleta frente a las nuevas necesidades ambientales.
Los sectores sociales piden mayor vigilancia sobre las concesiones y más participación comunitaria; la industria exige reglas claras y seguridad jurídica; los expertos reclaman una reforma integral que considere criterios técnicos y de sustentabilidad.
La atención pública será intensa en los próximos días. De aprobarse la propuesta en diciembre, 2025 cerraría con una de las reformas más importantes para el país en materia de recursos naturales.
Ley de aguas cercana a su aprobación
Morena apuesta por sacar adelante la Ley de Aguas antes de que termine el año, con un proceso acelerado pero acompañado de amplias audiencias públicas. En un contexto de escasez hídrica y creciente conflicto por el acceso al agua, la reforma se perfila como uno de los grandes hitos legislativos del periodo.
Lo que ocurra en diciembre definirá no solo la política hídrica de los próximos años, sino también la relación entre el Estado, los sectores productivos y las comunidades que dependen diariamente de un recurso cada vez más limitado.