Morena planea transferencias internas para mantener el control legislativo
En septiembre de 2025 iniciará el segundo año de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, y con ello, la renovación de la Mesa Directiva, el órgano que preside las sesiones y representa a la Cámara ante los demás poderes. De acuerdo con los acuerdos establecidos al inicio del periodo legislativo, correspondería al Partido Acción Nacional (PAN) asumir la presidencia de dicho órgano. Sin embargo, una estrategia de Morena podría alterar este escenario, debilitando a la oposición y consolidando el poder de la llamada Cuarta Transformación.
El acuerdo de rotación que favorecía al PAN
Tras la elección federal de 2024, se estableció que la presidencia de la Mesa Directiva rotaría anualmente entre los partidos con más legisladores. En el primer año, Morena, con 253 diputados federales, obtuvo la presidencia con la maestra Ifigenia Martínez, aunque tras su fallecimiento, fue sustituida por Sergio Gutiérrez Luna.
Para el segundo año, que comienza el 1 de septiembre de 2025, el PAN sería el siguiente en la línea de sucesión, ya que cuenta con 71 diputados federales, colocándose como la segunda bancada más numerosa. Esta alternancia tiene como propósito mantener un equilibrio institucional y representar la pluralidad del Congreso.
El plan de Morena: transferencias hacia el PVEM
No obstante, han comenzado a circular reportes sobre una posible maniobra política de Morena para impedir que el PAN asuma la presidencia. La estrategia consistiría en trasladar al menos a 10 diputados de Morena hacia su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Con esta movida, el PVEM pasaría de tener menos de 70 diputados a sumar 72 legisladores, superando por uno al PAN.
Este cambio reconfiguraría las posiciones parlamentarias y permitiría argumentar que el PVEM, como nueva segunda fuerza en San Lázaro, tiene derecho a proponer al nuevo presidente o presidenta de la Mesa Directiva. Así, Morena aseguraría que la presidencia permanezca dentro del bloque oficialista y evitaría que la oposición obtenga un espacio de visibilidad e interlocución institucional.
Las reglas internas del Congreso permiten la jugada
La elección de la Mesa Directiva se realiza mediante el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión preparatoria, de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados. Este órgano estará conformado por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios, que ejercerán funciones durante un año.
En teoría, cualquier partido con el respaldo parlamentario suficiente podría negociar la presidencia del órgano. Aunque el acuerdo original era respetar la rotación entre las principales fuerzas, el reglamento no impide el tipo de transferencia partidista que Morena está considerando. De esta forma, si logra convencer a un número mínimo de diputados para pasarse al PVEM, cambiaría las reglas del juego sin romper ninguna ley.
Qué pasa si no hay acuerdo antes del 1 de septiembre
En caso de que no se alcance la mayoría calificada para elegir a la nueva Mesa Directiva antes del 31 de agosto, el reglamento prevé que la llamada Mesa de Decanos —integrada por los diputados de mayor edad— asuma provisionalmente la conducción de la Cámara. Sin embargo, su mandato no puede extenderse más allá del 5 de septiembre.
Esta ventana obliga a los grupos parlamentarios a buscar acuerdos antes de esa fecha, lo cual podría derivar en tensas negociaciones si la maniobra de Morena se concreta y el PAN decide impugnarla políticamente.
Una lucha por el poder simbólico y operativo
La presidencia de la Cámara de Diputados no solo implica la conducción de los trabajos legislativos, sino también visibilidad mediática, interlocución institucional y capacidad de influir en la agenda parlamentaria. Aunque Morena tiene mayoría, permitir que el PAN encabezara la Mesa Directiva sería una señal de apertura política. Sin embargo, si prospera su maniobra para mantener el control a través del PVEM, la oposición perdería una de sus pocas plataformas visibles dentro del Congreso.
Lo que ocurra en las próximas semanas podría marcar el tono del segundo año legislativo: o bien se reafirma el respeto a los acuerdos políticos, o se consolida una hegemonía parlamentaria que limita los espacios de diálogo plural.
