Juez niega amparo a diputada morenista por bloqueo de cuentas
Un juez de distrito en Baja California negó la suspensión provisional solicitada por la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien buscaba ser eliminada de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y descongelar sus cuentas bancarias.
El fallo se emitió luego de que la legisladora no acreditara ser la titular de las cuentas congeladas. Según el expediente, la diputada había promovido un amparo el pasado 2 de octubre ante el Juzgado Décimo de Distrito en Baja California, con residencia en Tijuana, en contra del acuerdo 282/2025, mediante el cual se le incluyó en la lista de personas bloqueadas.
El reclamo de la diputada y su intento de suspensión
En su recurso legal, Brown Figueredo solicitó la suspensión provisional del acto reclamado, argumentando que los bloqueos eran inconstitucionales y afectaban su derecho de propiedad. Su petición buscaba que el juez ordenara su eliminación inmediata de la lista y le permitiera acceder nuevamente a sus fondos bancarios en el Banco Mercantil del Norte.
En su solicitud, la diputada morenista alegó que los actos de la SHCP vulneraban principios de legalidad y debido proceso, asegurando que no existía una causa fundada que justificara el congelamiento de sus recursos financieros.
El argumento del juez y la falta de acreditación
Sin embargo, el juez Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito, determinó que la diputada no presentó documentación que demostrara que las cuentas bloqueadas estuvieran a su nombre. Esa omisión fue determinante para negar la suspensión provisional del acto reclamado.
En su resolución, el juez expuso que la medida cautelar no procedía, ya que la parte quejosa no acreditó su “interés suspensional”, es decir, la existencia de un daño directo derivado del bloqueo bancario. De acuerdo con el juez, sin prueba de titularidad, no había sustento jurídico para conceder el amparo.
“El otorgamiento de la suspensión provisional requiere la existencia de un interés legítimo y acreditado. En este caso, la promovente no presentó documento alguno que compruebe su vínculo directo con las cuentas cuyo bloqueo reclama”, resolvió el juzgador.
Advertencias a la Secretaría de Hacienda y próximos pasos
En su fallo, el juez también requirió a la Secretaría de Hacienda que rinda un informe previo en un plazo máximo de 48 horas. Advirtió que, en caso de omisión, el acto reclamado podría presumirse cierto solo para efectos de la suspensión, y además la autoridad podría ser multada con hasta 2,295 Unidades de Medida y Actualización.
Esa respuesta oficial será clave para definir si el proceso de amparo continúa o si la negativa de suspensión se convierte en una resolución definitiva.
Contexto: los señalamientos de Estados Unidos
El caso de la diputada Hilda Brown Figueredo no es nuevo en los círculos judiciales. En septiembre pasado, fue mencionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dentro de una lista de presuntos colaboradores del grupo criminal conocido como Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California.
Pese a ello, la legisladora negó categóricamente haber tenido relación alguna con dicha organización criminal. También rechazó que sus cuentas hubieran sido congeladas o que el gobierno mexicano le hubiera notificado sanción alguna.
“Mis cuentas están activas y no he recibido notificación alguna de sanción o investigación”, declaró entonces a medios locales, asegurando que la información difundida era falsa y con tintes políticos.
Un caso que podría escalar en tribunales
Con esta resolución, la diputada aún tiene la opción de impugnar el fallo o presentar nuevas pruebas que acrediten su titularidad sobre las cuentas bancarias congeladas. Sin embargo, los especialistas en derecho fiscal señalan que, sin documentos que vinculen su nombre directamente con las cuentas, el margen de maniobra legal será limitado.
De confirmarse la negativa en instancias superiores, Brown Figueredo quedaría formalmente dentro de la lista de personas bloqueadas de la SHCP, lo que implicaría la restricción de movimientos financieros y la revisión de sus operaciones bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Morena evita pronunciarse
Hasta el momento, el partido Morena no ha emitido postura oficial sobre el caso de su diputada. En otras ocasiones, la dirigencia nacional ha pedido “prudencia” ante investigaciones o acusaciones judiciales, recordando que cada caso debe resolverse en los tribunales y no en los medios.
El episodio ocurre en un contexto político sensible, a pocas semanas de que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, donde Brown Figueredo participa como integrante de la Comisión de Gobernación.
La sombra del escrutinio internacional
La atención sobre este caso no solo proviene del ámbito nacional. La inclusión del nombre de la diputada en la lista del Departamento del Tesoro estadounidense colocó el tema en la agenda de cooperación binacional contra el lavado de dinero.
Aunque las autoridades mexicanas no han confirmado un proceso penal en su contra, la vinculación mediática con Los Mayos podría complicar su carrera política y su relación con el Congreso federal.
Un reflejo del endurecimiento financiero en México
El caso de Hilda Brown Figueredo se suma a una serie de medidas adoptadas por la SHCP y la UIF para reforzar los controles financieros ante presuntos vínculos con actividades ilícitas. La lista de personas bloqueadas, prevista en la Ley de Instituciones de Crédito, ha sido una herramienta recurrente para inmovilizar cuentas de individuos bajo sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El endurecimiento de los filtros responde a compromisos internacionales asumidos por México en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, temas que han ganado relevancia ante el seguimiento constante de organismos como el GAFI y el Tesoro estadounidense.
Un proceso que podría marcar precedente
El caso de la diputada morenista representa un nuevo ejemplo del alcance que tienen las medidas financieras del Estado y de cómo las figuras públicas también pueden quedar sujetas a los mismos controles.
Mientras la defensa de Brown Figueredo prepara sus próximos pasos, el proceso judicial seguirá avanzando, marcando un precedente sobre la relación entre transparencia, rendición de cuentas y poder político en México.
