El juzgado décimo primero de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México emitió una orden para que el contralmirante Fernando Farías Laguna comparezca ante un juez de control en el penal del Altiplano. La audiencia tiene como objetivo que el militar conozca las acusaciones en su contra por su presunta participación en una red de corrupción dedicada al tráfico de combustible a través de aduanas estratégicas en México.
Detalles de la citación y suspensión provisional
De acuerdo con la lista de acuerdos del Poder Judicial de la Federación (PJF), la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos otorgó una suspensión provisional a Fernando Farías Laguna. Esto le permitirá comparecer ante la jueza Nancy Selene Hidalgo el próximo 1 de octubre a las 9:00 horas, en cumplimiento del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La citación marca un paso relevante en el caso, ya que Farías Laguna es actualmente considerado prófugo de la justicia tras las recientes detenciones de otros integrantes de la red de corrupción, que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), empresas aduaneras y funcionarios de Aduanas.
Alcance de la red de corrupción en aduanas
Según las investigaciones, la red operaba principalmente en las aduanas de Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Tampico, Tamaulipas, entre otras, facilitando el tráfico ilícito de hidrocarburos. La operación de esta organización habría comprometido gravemente la vigilancia y control de los puertos mexicanos, generando pérdidas económicas significativas al país.
Entre los detenidos se encuentran 14 integrantes de la red, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como representantes de empresas aduaneras y funcionarios de la dependencia encargada del control fronterizo. Todos ellos están sujetos a proceso penal por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Contexto familiar y relevancia del caso
El contralmirante Fernando Farías Laguna es sobrino político del ex titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, lo que ha atraído la atención mediática y política sobre el caso. La presunta participación de altos mandos de la Marina en actos de corrupción representa un desafío para la confianza pública en las instituciones de seguridad y control aduanero del país.
La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos especificó en su acuerdo que la audiencia inicial permitirá a Farías Laguna conocer formalmente las acusaciones en su contra, así como presentar los argumentos de su defensa, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.
Próximos pasos en el proceso judicial
El proceso penal 325/2025 seguirá su curso una vez que el contralmirante comparezca ante el juez. Durante la audiencia inicial se determinará la situación jurídica de Farías Laguna, así como las medidas cautelares que deberán aplicarse mientras continúe la investigación.
El caso también podría implicar nuevas detenciones si las autoridades consideran que existen más implicados en la red de corrupción o si se identifican irregularidades adicionales en el manejo de combustible y aduanas. La colaboración entre la Fiscalía General de la República y otras dependencias es clave para esclarecer los hechos y fortalecer la transparencia en el sistema aduanero mexicano.
Impacto en la Marina y en la confianza pública
Este caso no solo involucra la seguridad energética del país, sino también la reputación de la Secretaría de Marina, que históricamente ha sido percibida como una institución confiable. La participación de altos mandos en ilícitos compromete la confianza de la ciudadanía y resalta la importancia de investigar y sancionar a quienes vulneran la ley desde posiciones de autoridad.
La atención mediática y el seguimiento público del caso generan presión sobre las autoridades para garantizar que el proceso judicial sea transparente y conforme a la ley, mostrando que nadie está por encima de la justicia, incluso en instituciones estratégicas para la seguridad nacional.
La citación del contralmirante Fernando Farías Laguna representa un paso decisivo en el combate a la corrupción en aduanas y tráfico de combustible en México. Con la audiencia programada para el 1 de octubre, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de la red criminal y establecer responsabilidades, al tiempo que fortalecen la confianza ciudadana en los sistemas de control y seguridad del país.
