Elecciones y autonomía: el papel del INE en la democracia
Desde 1996, la función electoral en México ha estado en manos de órganos autónomos, independientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Gracias a ello, los ciudadanos han podido ejercer su derecho al voto con confianza y responsabilidad, en un marco de transparencia y legalidad.
Sin embargo, la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación ha generado un escenario sin precedentes: por primera vez en la historia, la organización de una elección —en este caso, la de jueces y magistrados— ha sido objeto de suspensiones judiciales contradictorias, poniendo en jaque al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Un conflicto jurídico sin precedentes
El INE, como órgano constitucional autónomo, tiene la responsabilidad de organizar elecciones en México. De acuerdo con la legislación vigente:
- El juicio de amparo no procede contra resoluciones electorales.
- Las impugnaciones en materia electoral no tienen efectos suspensivos.
- El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en asuntos electorales.
A pesar de esto, entre el 23 y el 27 de septiembre de 2024, varios jueces de Distrito emitieron suspensiones contra el decreto de reforma judicial, ordenando al INE detener la organización de la elección del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, otros jueces de Distrito decidieron lo contrario, permitiendo que el proceso siguiera su curso. El resultado fue un criterio judicial fragmentado, que dejó al INE en un limbo legal y sin certeza sobre el camino a seguir.
Ante este escenario, el 23 de octubre de 2024, la Sala Superior del TEPJF resolvió que es constitucionalmente inviable suspender procedimientos electorales mediante amparos. Con esta sentencia, el INE decidió retomar la organización de la elección, alineándose con la determinación del tribunal especializado en la materia.
Entre la espada y la pared: el dilema del INE
El conflicto dejó al INE ante una disyuntiva crítica:
- Si acataba las suspensiones de los jueces de Distrito y detenía la elección, incurría en incumplimiento de su función constitucional.
- Si ignoraba las suspensiones, podía ser acusado de desacato judicial.
La sentencia del TEPJF inclinó la balanza a favor de la continuidad del proceso electoral, ya que detenerlo habría puesto en riesgo la estabilidad institucional y derivado en juicios políticos contra los consejeros del INE.
Además, la controversia no solo involucra al INE. El Comité de Evaluación del Poder Judicial, encargado de seleccionar a los aspirantes a jueces y magistrados, también ha enfrentado suspensiones judiciales y conflictos legales que amenazan con paralizar el proceso.
¿Crisis institucional a la vista?
Este episodio ha evidenciado una fractura dentro del propio Poder Judicial de la Federación, con jueces de Distrito emitiendo fallos opuestos sobre un mismo tema. Esto genera incertidumbre jurídica y pone en entredicho la solidez de las instituciones encargadas de garantizar el orden constitucional.
Además, la controversia ha sido manejada con sesgos políticos y mediáticos: mientras algunos actores denuncian desacato por parte del INE, omiten mencionar que los órganos judiciales también han emitido resoluciones contradictorias que han dejado en la indefensión a las autoridades electorales.
El reto: garantizar elecciones limpias y transparentes
Más allá del conflicto jurídico, lo que está en juego es la integridad del sistema electoral mexicano. El INE y el TEPJF enfrentan una de sus mayores pruebas en décadas: organizar una elección inédita bajo un entorno de incertidumbre legal y presiones políticas. Lo que debe prevalecer es la certeza, la legalidad y la autonomía de las instituciones. El INE no puede ni debe ser rehén de disputas judiciales o intereses políticos. Su mandato es claro: garantizar que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes de manera libre y transparente.
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