El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que realizar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027, junto con las elecciones intermedias, podría generar ahorros millonarios y una mayor eficiencia en la organización electoral.
De acuerdo con el legislador, esta propuesta evitaría realizar una consulta por separado en 2028, como establece actualmente la Constitución, al mismo tiempo que incrementaría la participación ciudadana y reduciría los costos administrativos.
Un solo proceso electoral para reducir costos
Ramírez Cuéllar explicó que en 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial. Por ello, considera que unificar la revocación de mandato con estas elecciones permitiría aprovechar la infraestructura electoral existente y evitar gastos duplicados.
“Si se hace la revocación el mismo día que las elecciones federales, se pueden evitar los costos adicionales, como ocurrió en 2022 con la consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló el legislador morenista.
Además, subrayó que la ciudadanía tiene la madurez suficiente para diferenciar entre las elecciones locales, federales y la consulta de revocación de mandato, por lo que no habría riesgo de confusión.
Reforma al artículo 35 constitucional
La propuesta —que se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados— busca modificar el artículo 35 de la Constitución para alinear la consulta de revocación con las elecciones federales intermedias.
Ramírez Cuéllar destacó tres beneficios principales de esta iniciativa:
- Mayor participación ciudadana. En la consulta popular de 2021 participaron el 7.1% de los votantes, mientras que en la revocación de mandato de 2022 la participación aumentó al 17.77%.
- Facilidad operativa para el INE. Con un solo calendario electoral se simplificarían las tareas logísticas y de planeación.
- Ahorro significativo de recursos públicos. En 2021, la consulta popular costó 528 millones de pesos, y la revocación de 2022 ascendió a 1,567 millones.
Eficiencia y fortalecimiento democrático
El diputado morenista insistió en que la medida no busca alterar el espíritu de la revocación de mandato, sino fortalecer la participación ciudadana y optimizar el gasto público.
“Se trata de fortalecer la democracia con responsabilidad fiscal. Un solo proceso electoral representa ahorro, eficiencia y más oportunidades para que la gente participe”, expresó.
La iniciativa, añadió, busca sentar un precedente de planeación electoral responsable, en la que el ejercicio democrático no implique un gasto excesivo ni una carga adicional para las instituciones electorales.
