La evasión fiscal en México se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad económica del país. De acuerdo con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el daño ocasionado por las llamadas empresas factureras podría ascender a un billón de pesos, lo que representa una amenaza de gran magnitud para las finanzas públicas y la capacidad del Estado de garantizar servicios esenciales.
¿Qué son las empresas factureras?
Las factureras son compañías que emiten facturas falsas para simular operaciones inexistentes, ya sea de obras, servicios o compras que nunca se realizaron. Este esquema permite a los contribuyentes deducir impuestos de manera indebida, evadiendo así sus obligaciones fiscales.
El problema es de tal gravedad que el artículo 19 constitucional fue modificado para que la emisión de facturas falsas amerite prisión preventiva oficiosa, lo que refleja el reconocimiento oficial de su impacto criminal y económico.
El costo para la economía nacional
Ramírez Cuéllar advirtió que la evasión a través de este mecanismo se ha vuelto un “boquete financiero inmensamente peligroso”. El cálculo de hasta un billón de pesos en pérdidas significa un monto comparable al presupuesto anual de programas sociales, salud y educación.
Además, esta práctica no solo afecta al erario, sino que fomenta la existencia de una “casta de factureros” con poder político y vínculos con redes criminales, lo que convierte al problema en un asunto no solo económico, sino también de seguridad nacional.
Limitaciones de la ley actual
Si bien el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69-B, establece lineamientos para identificar y sancionar a las empresas que facturan operaciones simuladas, Ramírez Cuéllar reconoció que la norma “ya mostró sus limitaciones”.
El legislador llamó a elaborar una ley especial que incorpore nuevas herramientas de control, como:
- Mayor coordinación con el Registro Público de la Propiedad.
- Inclusión de la política notarial en la detección de operaciones sospechosas.
- Revisión de la Ley de Obras y de Adquisiciones, para evitar sobreprecios y contratos simulados.
- Regulación estricta del uso de depósitos bancarios vinculados a operaciones ficticias.
Huachicol fiscal: otra modalidad de evasión
El diputado también alertó sobre el avance del llamado huachicol fiscal, que no solo abarca el contrabando de combustibles, sino también de mercancías de diversa índole. La debilidad del sistema de aduanas ha facilitado la entrada de productos ilegales o subvaluados, lo que agrava el impacto en las finanzas nacionales.
Al igual que las factureras, este mecanismo erosiona la recaudación tributaria y fortalece a grupos criminales con influencia económica y política.
Implicaciones para el próximo paquete económico
Ramírez Cuéllar adelantó que la discusión sobre las factureras será parte del paquete económico que el gobierno presentará en la Cámara de Diputados. El objetivo es fortalecer las herramientas jurídicas y administrativas para cerrar espacios a la evasión y recuperar recursos clave.
De lograrlo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum podría reducir el déficit fiscal y financiar políticas sociales prioritarias, como:
- Mejorar los servicios de salud.
- Garantizar el pago de pensiones.
- Incrementar las participaciones federales a estados y municipios.
- Sostener programas de bienestar social, sin necesidad de aumentar impuestos.
La evasión fiscal como problema estructural
La emisión de facturas falsas se ha convertido en un fenómeno criminal, político y financiero. La existencia de redes poderosas de factureros, protegidas en ocasiones por impunidad, evidencia que el problema va más allá del ámbito económico.
Según Ramírez Cuéllar, los delincuentes que utilizan este esquema actúan “como Pedro por su casa”, con privilegios políticos y criminales que les permiten seguir operando sin consecuencias. Esto hace urgente una estrategia integral que involucre tanto reformas legales como fortalecimiento de instituciones como el SAT y las aduanas.
La evasión fiscal por factureras es un desafío de proporciones históricas en México. Con pérdidas que podrían superar un billón de pesos, el problema amenaza la capacidad del Estado para financiar servicios básicos y combatir la desigualdad.
Si bien existen avances legales, la realidad exige nuevas reformas que refuercen la fiscalización, ataquen la impunidad y cierren las puertas a quienes lucran con este esquema. Más allá de un tema técnico, se trata de defender las finanzas públicas y garantizar que los recursos nacionales se destinen a las necesidades de la población.
