EUA colabora en homicidio de Carlos Manzo como parte de una investigación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses que busca esclarecer el asesinato del exalcalde de Uruapan, un crimen que conmocionó a Michoacán por ocurrir en un evento público y con cientos de testigos. La cooperación internacional se da a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que brinda apoyo técnico clave para identificar el arma utilizada en el ataque.
Colaboración internacional en una investigación de alto impacto
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó que la ATF participa activamente en el análisis del arma presuntamente utilizada por Víctor Manuel “N”, señalado como autor material del homicidio. De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres, esta colaboración ha sido determinante debido a que el número de serie del arma fue alterado deliberadamente para evitar su rastreo.
El funcionario explicó que, pese a que la matrícula fue limada, los peritos lograron recuperar parcialmente tres dígitos, información que ha sido procesada con apoyo de la agencia estadounidense. Este tipo de asistencia técnica, detalló, permite ampliar las líneas de investigación y rastrear el posible origen del arma en bases de datos internacionales.
El papel clave de la ATF en el análisis balístico
Las autoridades estatales subrayaron que la ATF cuenta con tecnología especializada para el análisis balístico, capaz de identificar características únicas de cada arma de fuego. Estas huellas quedan marcadas en los proyectiles tras ser disparados, funcionando como una especie de “huella digital” que permite vincular un arma con distintos hechos delictivos.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que en la entidad opera un laboratorio certificado por la propia ATF, lo que facilita el acceso a bases de datos balísticas utilizadas para investigar delitos de alto impacto. Este centro permite comparar proyectiles recuperados en escenas del crimen con registros nacionales e internacionales.
Un crimen que sacudió a Uruapan
El homicidio de Carlos Manzo Rodríguez ocurrió en un contexto especialmente sensible para la población. El ataque se registró alrededor de las 20:00 horas en la plaza principal de Uruapan, durante el tradicional encendido del Festival de Velas, una celebración vinculada al Día de Muertos que congrega a familias completas, incluidos niños y adultos mayores.
De acuerdo con los primeros reportes, el exalcalde convivía con ciudadanos cuando fue atacado a tiros a plena vista del público. La agresión generó pánico entre los asistentes y obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona.
Traslado de emergencia y fallecimiento
Tras recibir al menos seis impactos de bala, Carlos Manzo fue trasladado con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.
El hecho provocó una fuerte reacción social y política en Michoacán, al tratarse de un exfuncionario ampliamente conocido y de un ataque ocurrido en un espacio público emblemático, lo que abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en eventos masivos.
Investigación contra el presunto responsable
La Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar tanto la responsabilidad directa del agresor como posibles vínculos con otros hechos delictivos. La identificación del arma resulta crucial para establecer si esta ha sido utilizada en otros homicidios o actividades criminales dentro o fuera del país.
Las autoridades estatales señalaron que la colaboración con Estados Unidos no implica una injerencia, sino un intercambio técnico amparado en acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.
Un precedente en la cooperación bilateral
El caso de Carlos Manzo se perfila como un ejemplo relevante de coordinación entre México y Estados Unidos en investigaciones criminales complejas. Especialistas en seguridad consideran que este tipo de colaboración puede fortalecer las capacidades locales para combatir la violencia armada, especialmente cuando se trata de armas cuyo origen podría estar fuera del territorio nacional.
La Fiscalía reiteró que el objetivo central es garantizar justicia para la víctima y su familia, así como enviar un mensaje claro contra la impunidad en crímenes cometidos en espacios públicos.
