Cuando se habla de Estado de Derecho, se evoca una idea de justicia, estabilidad y cumplimiento de la ley. Sin embargo, en México, esta expresión ha sido utilizada tantas veces en discursos políticos y debates mediáticos que para muchos ciudadanos ha perdido su verdadero significado.
Es común escuchar frases como “que se aplique el Estado de Derecho”, especialmente cuando se exige castigo para la corrupción, el crimen organizado o la impunidad. Pero esta exigencia parte de una confusión: el Estado de Derecho no es algo que se aplica, sino que es una condición permanente de una sociedad en la que la ley prevalece sobre cualquier otro interés.
¿Qué es realmente el Estado de Derecho?
Para entenderlo de manera clara, podemos desglosarlo en dos partes:
- El Estado: Representa la estructura política y jurídica que gobierna un país. Incluye sus instituciones, leyes, poderes y normas de funcionamiento.
- De Derecho: Significa que todas las acciones del Estado están sometidas a un orden legal establecido, garantizando que ninguna persona o institución esté por encima de la ley.
En teoría, un Estado de Derecho es aquel donde el poder no se ejerce de manera arbitraria, sino bajo un marco legal que protege los derechos humanos, la igualdad, la libertad y la justicia.
Pero la gran pregunta es: ¿se cumple esto en México?
El dilema del Estado de Derecho en México
México, como muchos países latinoamericanos, enfrenta grandes desafíos para garantizar un verdadero Estado de Derecho. La corrupción, la impunidad y la falta de confianza en las instituciones son algunos de los problemas que debilitan este principio.
Para analizarlo mejor, revisemos algunos puntos clave:
1. Seguridad jurídica y aplicación de la ley
Uno de los pilares del Estado de Derecho es la seguridad jurídica, es decir, la certeza de que las leyes se cumplen de manera justa y equitativa. Sin embargo, en México:
- El 94% de los delitos quedan impunes, según el Índice de Impunidad Global.
- La corrupción sigue siendo un problema estructural, con funcionarios públicos involucrados en redes de sobornos y desvío de recursos.
- Las instituciones judiciales son cuestionadas por su parcialidad en casos de alto impacto.
Esto demuestra que, aunque la ley existe, su aplicación es selectiva y muchas veces favorece a los más poderosos.
2. Participación ciudadana y legitimidad del Estado
El Estado de Derecho no solo implica que el gobierno cumpla la ley, sino que los ciudadanos tengan herramientas para hacer valer sus derechos. La participación ciudadana es clave, ya sea a través del voto, las consultas públicas o el acceso a la justicia.
Sin embargo, en México:
- Solo el 39% de los ciudadanos confía en el gobierno, según la OCDE.
- El 40% cree que las autoridades aceptarían un soborno para agilizar un trámite.
- La participación en elecciones y consultas es baja, lo que muestra una falta de confianza en el sistema político.
Si los ciudadanos no se sienten representados ni protegidos por el Estado, se erosiona la legitimidad del gobierno y el principio del Estado de Derecho pierde fuerza.
3. El reto de la corrupción y los poderes fácticos
Para que un Estado de Derecho funcione, los gobernantes deben estar sujetos a la misma ley que los ciudadanos. Sin embargo, en México, el poder político y económico muchas veces opera con reglas propias.
- Casos de corrupción en los más altos niveles del gobierno han quedado impunes.
- El crimen organizado influye en la política, debilitando la capacidad del Estado para gobernar ciertas regiones.
- Las reformas legales muchas veces favorecen a grupos de poder en lugar de beneficiar a la sociedad en general.
Estos factores hacen que la justicia y la legalidad sean privilegios y no derechos universales, debilitando la credibilidad del sistema.
¿Cómo lograr un verdadero Estado de Derecho en México?
Si bien el panorama actual es complejo, existen acciones concretas que pueden fortalecer el Estado de Derecho en México:
1. Reformar el sistema judicial
- Garantizar la independencia de jueces y magistrados.
- Implementar procesos transparentes para el nombramiento de funcionarios judiciales.
- Agilizar los juicios para evitar rezagos y corrupción.
2. Combatir la impunidad y la corrupción
- Crear mecanismos de auditoría independientes.
- Castigar con firmeza a funcionarios corruptos.
- Fomentar la denuncia ciudadana con protección efectiva a denunciantes.
3. Fomentar la educación cívica y la participación ciudadana
- Incluir la educación en derechos humanos y legalidad desde la escuela.
- Promover la participación en decisiones públicas.
- Facilitar el acceso a la información gubernamental.
4. Fortalecer la transparencia y el acceso a la información
- Ampliar plataformas de datos abiertos sobre el uso de recursos públicos.
- Obligar a los gobiernos a rendir cuentas en tiempo real.
- Digitalizar trámites para evitar corrupción en procesos burocráticos.
¿Estado de Derecho o Estado de discurso?
El Estado de Derecho en México es más una aspiración que una realidad consolidada. A pesar de que existen leyes y principios jurídicos claros, su aplicación sigue siendo deficiente y selectiva.
Mientras la impunidad, la corrupción y la falta de confianza en las instituciones sigan siendo la norma, no podemos hablar de un verdadero Estado de Derecho.
Pero la solución no solo recae en el gobierno. Los ciudadanos también juegan un papel clave en la construcción de un sistema más justo, participando activamente en la vida política, denunciando irregularidades y exigiendo transparencia.
Solo cuando el Estado de Derecho deje de ser un discurso político y se convierta en una práctica diaria, podremos hablar de un país donde la ley realmente rige para todos.
¡Únete a nuestro canal de Telegram! Las noticias más relevantes del día directamente en tu dispositivo móvil.
