La elección de los integrantes del Poder Judicial en México, un proceso inédito y resultado de una controvertida reforma, se ha visto empañada por acusaciones de injerencia política. A pesar de las prohibiciones electorales, la presencia de perfiles cercanos al partido gobernante Morena en las listas de candidatos y la aparición de «acordeones» promoviendo votaciones específicas, han generado un profundo debate sobre la independencia y la imparcialidad de la futura judicatura.
El Origen Político de la Reforma
La reforma del sistema de elección de jueces es una iniciativa fundamental impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría oficialista del Congreso. Fue defendida como una medida para combatir la corrupción judicial y acercar la justicia al pueblo. Este proceso representa una herencia política para la presidenta Claudia Sheinbaum, y la votación del domingo será un indicador clave de su poder de convocatoria y la fuerza de su partido. A pesar de que los partidos políticos no pueden promover candidatos directamente, el gobierno ha instado a sus seguidores a participar en la votación, y la maquinaria de Morena, con 6 millones de militantes, se ha movilizado para asegurar una alta participación.
Perfiles de Candidatos y el Proceso de Selección
La injerencia política se ha manifestado desde la fase de preselección de los candidatos. Los aspirantes a jueces avalados por el oficialismo superan en número a los respaldados por el entorno judicial. Las candidaturas fueron definidas por tres comités (Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo), pero los listados de los dos últimos estuvieron integrados por personas afines al partido gobernante Morena, quienes dominaron la selección de la mayoría de los aspirantes. Ejemplos notables incluyen a María Estela Ríos, exconsejera jurídica de AMLO y ligada a luchas obreras, y Paulina García Villegas, hija de la diputada oficialista Olga Sánchez Cordero, ambas aspirantes a la SCJN. Eduardo Santillán Pérez, exlegislador local de Morena, también figura como candidato.
Campaña Soterrada y la Falta de Sanciones
Durante la campaña electoral, se ha documentado una operación «soterrada» de partidos como Morena y los opositores Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para promover la votación de ciertos aspirantes. Esto se ha evidenciado con la aparición de folletos plegables, denominados «acordeones», en barrios y el metro de la capital. Estos materiales, camuflados como instructivos sobre cómo votar, contenían nombres de candidatos cercanos al gobierno, instando a votar «en beneficio del pueblo».
Ante estos señalamientos, las autoridades electorales han recordado las prohibiciones, pero no se han emitido sanciones. La presidenta Sheinbaum ha instado al INE y al Tribunal Electoral a intervenir, haciendo referencia a una «lista de la derecha». La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha llamado a la población a ejercer su voto de manera individual y sin influencias.
Riesgos para la Imparcialidad Judicial
La situación actual pone de manifiesto un dilema crucial entre la legitimidad democrática y el profesionalismo en la justicia. Si bien la reforma busca la «legitimidad democrática» para los jueces a través del voto popular, el proceso de selección dominado por perfiles afines al partido gobernante genera serias dudas sobre su imparcialidad. Esto sugiere que la reforma, al intentar resolver un problema percibido de corrupción y elitismo judicial mediante la rendición de cuentas democrática, corre el riesgo de reemplazar una forma de influencia (el elitismo) con otra (la alineación política). La existencia de los «acordeones» es un claro ejemplo de cómo los partidos políticos están activamente tratando de guiar la elección de los votantes, lo que socava el ideal de una selección independiente y basada en el mérito.
«El riesgo de politización de la justicia va de la mano con una ‘erosión democrática’.» — Dr. Julio Ríos Figueroa, ITAM
Expertos como el Dr. Julio Ríos Figueroa advierten que la politización de la justicia podría conducir a una «erosión democrática», donde el poder Ejecutivo en México podría acumular más funciones y capacidades, mientras se debilitan los contrapesos. La pérdida de imparcialidad de los juzgadores podría favorecer al partido en el poder, haciendo más difícil que pierdan casos de importancia. La futura Suprema Corte tendrá que dirimir asuntos de gran relevancia, como la prisión preventiva oficiosa, los derechos de las víctimas a reparación, el cumplimiento de sentencias internacionales por parte del Ejecutivo, y las competencias de la Secretaría de Seguridad federal en funciones de inteligencia e investigación. Este escenario representa una prueba crucial para la separación de poderes y la integridad futura del sistema legal mexicano.
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