En las últimas semanas, han emergido denuncias alarmantes sobre prácticas de acoso laboral y nepotismo en la Secretaría de Agricultura, bajo la dirección de Rocío Miranda, coordinadora general de Bienestar. Estas acusaciones no solo generan preocupación por el impacto en los servidores públicos, sino que también cuestionan la congruencia del gobierno con su discurso de cero tolerancia a la corrupción y el influyentismo.
«Renuncia en 30 minutos o atente a las consecuencias»
Una de las denuncias más graves señala a Juliana Estefany Miranda, sobrina y colaboradora cercana de Rocío Miranda, como la encargada de exigir renuncias voluntarias a empleados con décadas de experiencia. Según los testimonios, las órdenes fueron acompañadas de amenazas:
“Ni siquiera es para el 15 de noviembre, la queremos en menos de 30 minutos”, habría dicho Juliana Miranda, según los afectados.
Los afectados afirman que las solicitudes de renuncia no están relacionadas con un mal desempeño laboral, sino con un intento por abrir espacios para allegados a la administración actual.
Nepotismo y abuso de funciones: violaciones al Código de Ética
Las acusaciones van más allá del acoso laboral y apuntan al nepotismo, una práctica contraria al Código de Ética de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los empleados afectados también mencionaron que el abuso de poder ha generado un clima de miedo e incertidumbre en la dependencia.
«Nos están dejando sin sustento y violando nuestra dignidad. Si no nos quieren, que nos despidan conforme a la ley», expresó una de las víctimas.
El silencio de las autoridades: una omisión preocupante
A pesar de que estas denuncias han llegado a Marath Baruch Bolaños, secretario de Agricultura, y a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), no se han tomado medidas claras para investigar y sancionar estos actos.
La pregunta que resuena es: ¿por qué la falta de acción? ¿Cuántas familias se verán afectadas mientras las autoridades guardan silencio?
Banjército: la lucha por los derechos laborales no termina
En paralelo, empleados y exempleados de Banjército finalmente recibieron el pago de sus utilidades tras cuatro años de espera. Este pago, que fue retenido por decisiones de la administración pasada, se dio después de múltiples demandas. Sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser ideal:
- Las notificaciones llegaron de manera apresurada, obligando a muchos empleados a viajar a la Ciudad de México con muy poco tiempo de anticipación.
- Las filas para recibir el pago duraron hasta ocho horas, con solo cinco empleados atendiendo a cientos de personas.
¿Qué está en juego?
El gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado su compromiso con la justicia laboral y la transparencia. Sin embargo, estas denuncias representan un reto crucial para demostrar que las palabras pueden traducirse en acciones concretas.
Los casos en la Secretaría de Agricultura y en Banjército son recordatorios de que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que las promesas de cambio no se queden en el papel.
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