El asesinato de Antonio y sus dos hijos, Gael y Alexander, fue la gota que derramó el vaso en Sinaloa. La indignación social no tardó en manifestarse en las calles de Culiacán, pero la respuesta de las autoridades no solo fue insensible, sino que dejó en claro lo que muchos temían: el gobierno estatal y federal han decidido mirar hacia otro lado mientras el crimen organizado toma el control absoluto de la entidad.
El gobernador Rubén Rocha Moya y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionaron con el mismo guion que se ha repetido en los últimos años: evadir responsabilidades, culpar a otros y minimizar la tragedia. Mientras la sociedad exige justicia y seguridad, ellos siguen justificando su inacción.
Un gobierno que protege a los suyos antes que a la ciudadanía
Las respuestas de los líderes del país han sido tan indignantes como los propios hechos. Rocha Moya, en lugar de tomar medidas contundentes contra la ola de violencia, se victimizó y acusó a la oposición de querer «desacreditar» su gestión.
Por su parte, Sheinbaum recurrió a la misma narrativa que su antecesor: minimizar la crisis y echar la culpa a terceros. Según su lógica, la violencia que hoy se vive en Sinaloa es consecuencia de la captura de un líder criminal en Estados Unidos. Es decir, la presidenta parece sugerir que la impunidad sería una mejor estrategia que la aplicación de la ley.
¿Un Estado fallido en Sinaloa?
Desde hace meses, la entidad ha estado sumida en una crisis de seguridad que ha cobrado la vida de al menos 772 personas y ha dejado a casi mil desaparecidos.
El crimen organizado se ha convertido en la verdadera autoridad en Sinaloa. Bloqueos, enfrentamientos, extorsiones y levantones son parte del día a día de los ciudadanos. Las fuerzas de seguridad parecen actuar solo cuando hay presión mediática, y cuando lo hacen, su intervención es insuficiente.
Las escenas de carreteras cerradas con autos incendiados, poblaciones aterradas por balaceras y familias desplazadas son cada vez más comunes. El control territorial que ostentan los grupos criminales pone en duda la capacidad del Estado para gobernar esta región.
El origen del problema: abrazos en lugar de balazos
En octubre de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán tras su captura en un operativo fallido. El argumento fue evitar una masacre. Pero en los hechos, esta acción envió un mensaje claro a los grupos criminales: el gobierno estaba dispuesto a negociar con ellos y no a combatirlos.
Desde entonces, la situación solo ha empeorado. La estrategia de “abrazos, no balazos” fortaleció a los cárteles, que hoy operan con una impunidad alarmante. La militarización de la seguridad pública tampoco ha dado resultados. En lugar de mejorar, el país ha visto un aumento en la violencia, la extorsión y el control criminal sobre distintos territorios.
El silencio de la oposición y la indiferencia del gobierno
La falta de acción por parte del gobierno de Sheinbaum ha sido alarmante, pero la oposición tampoco ha estado a la altura. En un momento en el que el país necesita contrapesos políticos que exijan soluciones reales, los líderes opositores parecen conformarse con críticas superficiales sin presentar una estrategia clara.
Por otro lado, el Congreso de Sinaloa, dominado por Morena y sus aliados, ha preferido proteger a Rocha Moya en lugar de exigir su renuncia o tomar medidas concretas.
¿Hasta cuándo los ciudadanos permitirán esta impunidad?
La situación en Sinaloa es insostenible. Las familias viven con miedo, los comercios cierran por extorsiones y la violencia sigue escalando sin que haya un plan real para frenarla.
Mientras tanto, los mexicanos seguimos esperando respuestas. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que el gobierno actúe? ¿Cuánto más puede soportar la sociedad antes de exigir un cambio de fondo?
Si el gobierno no está dispuesto a tomar decisiones firmes, serán los ciudadanos quienes tengan que organizarse y presionar hasta lograrlo.
El grito de “Fuera Rocha” que se escucha en Sinaloa no es solo un llamado a la destitución de un gobernador incompetente, sino un clamor desesperado por recuperar la seguridad y la paz que hace mucho tiempo se perdieron.
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