La presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso crucial en su compromiso de mejorar la seguridad en México al enviar al Senado una reforma al artículo 21 de la Constitución. Este cambio busca establecer una Estrategia Nacional de Seguridad Pública sólida, moderna y coordinada que no solo combata la delincuencia, sino que también mejore la transparencia en el uso de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.
Esta iniciativa fue aprobada unánimemente en la Cámara de Senadores, y plantea cinco aspectos fundamentales para lograr un sistema de seguridad más eficiente y transparente. Con esta reforma, la mandataria reafirma su compromiso de no militarizar al país, optando por una estrategia de largo plazo en lugar de una guerra frontal contra el narcotráfico.
Un cambio profundo en la investigación de delitos
Uno de los principales puntos de la reforma es la asignación de la investigación de delitos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con la Guardia Nacional y el Ministerio Público. Este cambio representa un fortalecimiento en la capacidad operativa de la Secretaría, que ahora podrá colaborar de manera más activa y directa en la resolución de delitos, consolidando la investigación policial como un pilar en el combate a la delincuencia.
Al dar a la SSPC un papel clave en la investigación de delitos, se busca evitar que el país vuelva a estrategias fallidas como la guerra contra el narcotráfico impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón, que aumentó la violencia. Con esta nueva atribución, la SSPC tendrá un papel mucho más activo, apoyado en el uso de inteligencia y análisis policiales.
Transparencia en los recursos para la seguridad pública
Otro aspecto crucial de la reforma es la transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la seguridad. Uno de los problemas recurrentes ha sido la opacidad y la falta de supervisión en el destino de los fondos de ayuda federal destinados a seguridad pública. Con la reforma, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública auditará y supervisará el ejercicio de estos recursos, asegurando que lleguen a su destino en las entidades federativas y municipios para fortalecer la seguridad local.
Al establecer auditorías regulares, se busca evitar que los fondos sean desviados o malversados, una práctica común en administraciones anteriores que afectaba la efectividad de los recursos de seguridad y dejaba desprotegida a la ciudadanía. Esta medida también garantiza que el presupuesto se enfoque en mejorar el equipamiento y formación de las corporaciones policiales a nivel local, lo que resulta clave para asegurar la paz en las comunidades.
Coordinación y homologación de criterios de seguridad
El tercer eje de la reforma propone que el Secretariado Ejecutivo amplíe sus funciones y sea el encargado de homologar los estándares y criterios de seguridad en los tres niveles de gobierno. Esta homologación tiene como objetivo que las instituciones de seguridad de los estados y municipios trabajen con los mismos estándares y procedimientos que la Guardia Nacional y la SSPC, mejorando así la eficiencia y consistencia en las estrategias de seguridad en el país.
La falta de coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad ha sido una constante en México. Al homologar criterios, la reforma facilita que los cuerpos de seguridad trabajen de manera unificada y con el mismo objetivo, creando un frente común contra la delincuencia. Además, la SSPC podrá solicitar y recibir información de otras instituciones, lo que facilitará la identificación y el esclarecimiento de delitos a nivel federal y local.
Inteligencia policial para una estrategia de seguridad moderna
La reforma también establece que la inteligencia policial jugará un papel fundamental en la lucha contra el crimen. A través del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la SSPC contará con herramientas de análisis y predicción que permitan identificar actividades delictivas y prever situaciones de riesgo. La inteligencia policial permite a las autoridades anticiparse a las estrategias criminales y abordar los problemas de seguridad desde una perspectiva preventiva, en lugar de reactiva.
Este enfoque moderniza la seguridad pública y reduce la dependencia de tácticas de confrontación directa, enfocándose en la recolección y análisis de datos para la toma de decisiones informadas. La inteligencia policial ha demostrado ser una herramienta eficaz para abordar la delincuencia organizada y otras amenazas de seguridad de manera integral y con menores costos de vidas y recursos.
La estrategia de Claudia Sheinbaum: seguridad sin militarización
Desde su campaña, Claudia Sheinbaum ha reiterado su negativa a militarizar la seguridad en el país. Con esta reforma, se compromete a fortalecer la seguridad pública sin involucrar a las Fuerzas Armadas en labores que corresponden a las instituciones civiles. La estrategia busca crear un entorno seguro para la población mediante una coordinación más estrecha entre las instituciones de seguridad civil, fortaleciendo la actuación de la policía y promoviendo la transparencia en el uso de los recursos.
El nombramiento de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana será clave en esta estrategia. Con experiencia en investigación criminal y combate a la delincuencia, García Harfuch ha sido un líder destacado en seguridad y ahora encabezará esta reforma. Su papel en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad será crucial para garantizar que la reforma sea efectiva y que la ciudadanía perciba una reducción en la criminalidad.
Conclusión: una reforma que mira al futuro
La reforma al artículo 21 de la Constitución, enviada por Claudia Sheinbaum y aprobada por el Senado, representa un cambio de enfoque en la seguridad de México, apostando por la inteligencia, la transparencia y la colaboración entre niveles de gobierno. Con esta estrategia, se busca no solo combatir la criminalidad, sino también construir un sistema de seguridad más confiable y sostenible a largo plazo.
Con esta reforma, México da un paso importante hacia la creación de un modelo de seguridad más moderno y adecuado para enfrentar los retos de violencia en el país, sin recurrir a la militarización. La consolidación de esta estrategia podría significar una transformación profunda en la seguridad pública, trayendo a México más cerca de la paz y estabilidad que la ciudadanía tanto anhela.
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