El gasto público bajo la lupa: polémicas en Hidalgo, Morelos y Sonora
El gasto público, siempre en el ojo del huracán, vuelve a ser tema de discusión en tres estados clave del país. Desde vehículos de lujo en Hidalgo hasta la controversia en Morelos y propuestas legislativas en Sonora, estos casos levantan cejas y preguntas sobre la transparencia y la ética en la política mexicana.
Hidalgo: millonario arrendamiento en el Poder Judicial
En Hidalgo, el Poder Judicial, encabezado por la magistrada Rebeca Aladro Echeverría, se encuentra en el centro de una controversia por un contrato de arrendamiento vehicular. Según los términos, se gastarán 28 millones de pesos en el arrendamiento de 30 vehículos de lujo durante dos años, es decir, casi un millón de pesos por unidad.
Aunque legalmente permitido, la decisión ha sido severamente cuestionada. Con ese presupuesto, se podrían adquirir más de 60 unidades nuevas en lugar de alquilar 30. Además, al finalizar el contrato, cada magistrado tendrá la opción de adquirir su vehículo, dejando al Poder Judicial como único perdedor. ¿Transparencia o un negocio a la medida?
Morelos: el hermano del «Cuau» bajo la lupa
En Morelos, la situación tampoco pasa desapercibida. Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco y dirigente estatal de Morena, enfrenta serios problemas legales. Una sala del Tribunal Superior de Justicia ha ordenado que Bravo regrese a los juzgados para enfrentar una acusación de violencia familiar.
La situación se agrava porque este sábado, Bravo dejará la dirigencia estatal de Morena, perdiendo cualquier manto protector. Con la Fiscalía Anticorrupción siguiendo de cerca a sus colaboradores, algunos ya hablan de un posible exilio político.
Sonora: ¿un Congreso virtual en puerta?
Mientras tanto, en Sonora, el coordinador del PVEM, David Figueroa Ortega, ha levantado polémica al proponer que las reuniones de comisiones del Congreso local puedan realizarse de manera virtual.
El argumento de Figueroa es que esta medida protegería a los legisladores de los riesgos asociados con la creciente violencia en las carreteras del estado. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, acusando que esto podría incentivar el ausentismo y alejar a los diputados de sus responsabilidades.
¿Eficiencia o derroche?
Estos casos reflejan una realidad incómoda: la necesidad de una vigilancia más estricta sobre el uso de los recursos públicos. Desde el Poder Judicial hasta los Congresos locales, la transparencia no solo es una exigencia ciudadana, sino una obligación para quienes gobiernan.
¿Qué opinas de estas situaciones? ¿Estamos avanzando hacia una gestión más ética o nos hundimos en viejas prácticas?
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