Con 445 votos a favor y 37 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una reforma que deja atrás el controvertido padrón de usuarios de telefonía móvil y propone una nueva visión para enfrentar la inseguridad en México. La norma se enfoca en la prevención del delito, la inteligencia estratégica y la profesionalización de los cuerpos policiales.
Según el dictamen, la ley busca responder a las demandas sociales más urgentes, al tiempo que armoniza los esfuerzos de los tres niveles de gobierno bajo una lógica de colaboración, transparencia y resultados.
Durante la discusión, la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, aseguró que la iniciativa es fruto de un análisis profundo sobre las fallas del sistema anterior. Afirmó que la nueva norma es coherente con los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y subrayó que el objetivo es construir una paz duradera a través de nuevos modelos de actuación institucional.
No obstante, la aprobación no estuvo exenta de críticas. El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) advirtió que el dictamen representa un retroceso en el federalismo al centralizar competencias y recursos en el Ejecutivo Federal. A su juicio, la ley mantiene la militarización de la seguridad pública y debilita las capacidades locales.
Por su parte, la diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) consideró que esta ley concentra el poder y la información en el Gobierno Federal, marginando a los estados y promoviendo la subordinación de instituciones civiles ante estructuras militares. Desde su visión, la iniciativa no cumple con los principios constitucionales necesarios para enfrentar los retos actuales del país.
