Corrupción y crimen: El caso de El Wicho y La Familia Michoacana
En el corazón del Estado de México, la sombra del crimen organizado se ha infiltrado en los niveles más altos de gobierno local. Pedro Luis Hernández de Paz, conocido como El Wicho, y su esposa, María del Rosario Matías Esquivel, han protagonizado una historia de corrupción, poder y huida que desnuda los nexos entre el crimen organizado y las administraciones municipales.
Este es el relato de cómo una pareja de alcaldes convirtió al Ayuntamiento de Santo Tomás de los Plátanos en una extensión de La Familia Michoacana, sembrando el miedo y la corrupción en un municipio que pagó con vidas, dinero y su tranquilidad.
El inicio del poder: La alcaldía bajo control del cártel
La historia comienza cuando María del Rosario asumió la alcaldía, financiada con 15 millones de pesos proporcionados por La Familia Michoacana. Este «apoyo» no fue gratuito. A cambio, el grupo criminal obtuvo acceso a información confidencial del Ayuntamiento para extorsionar y secuestrar a los habitantes.
Durante su mandato, las acusaciones de corrupción no tardaron en surgir. Se señala que la alcaldesa desvió recursos de obras públicas y utilizó a sicarios, como el conocido El Hércules, para intimidar a sus opositores políticos. Secuestros, extorsiones y amenazas eran parte del día a día en un municipio donde la política y el crimen organizado se entrelazaron peligrosamente.
El Wicho: un sucesor bajo el mismo esquema
Cuando María del Rosario llegó al final de su mandato, la maquinaria del cártel operó para asegurar que su esposo, El Wicho, tomara su lugar en la alcaldía. Aunque las autoridades ya lo buscaban, logró asumir el cargo con el objetivo de mantener el control y nombrar a un sucesor afín al grupo criminal.
Sin embargo, el Operativo Enjambre, diseñado para capturarlo, complicó sus planes. Agentes infiltrados, apoyados por la Guardia Nacional y la Sedena, intentaron detenerlo mientras estaba en el municipio, pero fueron bloqueados por pipas y drones manejados por los operadores de La Familia Michoacana.
El Wicho logró escapar, protegido por un elaborado sistema de seguridad que incluía tiradores en las azoteas y policías municipales vestidos de civil.
La fuga y captura de María del Rosario
Mientras El Wicho se refugiaba en los límites de Guerrero bajo la protección del cártel, María del Rosario huyó al Valle de Toluca. Allí, se escondió en un exclusivo fraccionamiento en Metepec, evitando ser detectada mientras intentaba mantener sus «intereses».
Después de más de un mes de búsqueda, las autoridades lograron localizarla. En el operativo para su captura, los agentes encontraron 5.6 millones de pesos escondidos bajo una cama, dinero que la exalcaldesa ofreció como soborno para evitar ser detenida.
Corrupción enredada en el sistema judicial
La captura de María del Rosario reveló un complejo sistema de defensa legal vinculado al cártel. Su abogado, conocido por representar a integrantes de La Familia Michoacana, ya había gestionado amparos para ella, El Wicho y otros líderes del grupo criminal.
Aunque una jueza ordenó su liberación horas después de su detención, la Fiscalía del Estado de México ejecutó otra orden de aprehensión por el delito de extorsión, logrando mantenerla en prisión en el penal femenil de Santiaguito.
La soledad de un municipio bajo el yugo del crimen
Lo más devastador de esta historia no son solo las cifras millonarias ni las acciones violentas. Es el hecho de que los habitantes de Santo Tomás de los Plátanos, quienes confiaron en sus líderes, terminaron siendo las principales víctimas de una red de corrupción y crimen.
Desde la oficina principal del Ayuntamiento, se filtraba información que ponía en peligro la vida y el patrimonio de quienes sostenían la administración con su trabajo y esperanza.
Un caso que expone el alcance del crimen organizado
El caso de El Wicho y María del Rosario es un recordatorio alarmante de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en las estructuras políticas locales, sembrando caos y destruyendo comunidades desde dentro.
La lucha contra esta corrupción requiere no solo operativos como el Enjambre, sino también un sistema judicial que garantice justicia para las víctimas y cierre las puertas a quienes usan el poder público para servir a intereses criminales.
El futuro de Santo Tomás de los Plátanos, como el de muchos municipios en México, depende de la capacidad del Estado para erradicar estas redes y devolver la confianza a la ciudadanía.
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