El Ministerio del Trabajo de Venezuela y representantes de la clase trabajadora expresaron su rechazo a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención del presidente Nicolás Maduro. En un comunicado, calificaron la medida como “insólita, inaudita y grotesca”, acusando a Washington de vulnerar el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos.
Las autoridades y sindicatos venezolanos consideraron la recompensa como una acción “terrorista” orientada a quebrar la paz social y la estabilidad política del país. Afirmaron que se trata de un acto desesperado de “un imperio en decadencia” que no tolera la soberanía de Venezuela.
Maduro, “junto al pueblo” pese a presiones internacionales
El pronunciamiento destacó que “el mundo entero sabe dónde está el presidente obrero Nicolás Maduro”, asegurando que no se oculta y que continúa en contacto con la ciudadanía en calles, fábricas y comunas, resistiendo las sanciones y medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos.
El Ministerio subrayó que, durante más de una década, la clase trabajadora ha enfrentado una “guerra económica implacable” y más de mil sanciones unilaterales. Reiteró su respaldo al mandatario y su compromiso con la defensa de la soberanía y estabilidad de Venezuela frente a lo que describieron como intentos de injerencia extranjera.
