En un giro inesperado en la política migratoria de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha anunciado la preparación de la prisión militar de Guantánamo para albergar hasta 30,000 migrantes indocumentados. Esta decisión marca un hito en la estrategia del gobierno para abordar la inmigración ilegal.
Un anuncio sorprendente
El 29 de enero de 2025, Trump declaró: «Firmaré hoy un decreto ordenando a los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior que comiencen a preparar las instalaciones para 30,000 migrantes en la bahía de Guantánamo». Según el presidente, estos migrantes son «criminales» en situación irregular que representan una amenaza para la seguridad nacional.
La historia de Guantánamo
La prisión de la bahía de Guantánamo, ubicada en Cuba, fue inaugurada en 2002 como parte de la «guerra contra el terrorismo» tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, ha albergado a cientos de prisioneros, incluidos miembros de Al Qaeda, y ha sido objeto de controversia debido a denuncias de tortura y condiciones extremas de detención.
Reacciones y críticas
La medida ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos. Deepa Alagesan, abogada supervisora senior del Proyecto de Asistencia a Refugiados Internacionales, expresó su preocupación: «Definitivamente es una perspectiva aterradora».
Además, expertos señalan que la infraestructura actual de Guantánamo no está diseñada para albergar a un número tan elevado de detenidos, lo que podría derivar en condiciones de hacinamiento y violaciones de derechos humanos.
Implicaciones legales y éticas
El plan de Trump plantea serias dudas legales y éticas. Utilizar una instalación militar para detener a migrantes indocumentados podría contravenir normas internacionales y exacerbar las tensiones diplomáticas con países de origen de los migrantes.
La decisión de enviar a migrantes indocumentados a Guantánamo representa un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial monitorear las implicaciones humanitarias y legales de esta controvertida medida.
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