El pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Esta decisión, que había sido considerada en su primer mandato, marca un punto de inflexión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, con posibles repercusiones en el ámbito comercial, financiero y diplomático.
Este movimiento no solo refuerza el discurso antiinmigrante de Trump, sino que le otorga herramientas legales al gobierno estadounidense para actuar contra cualquier persona, empresa o entidad que brinde “apoyo material” a los cárteles.
¿Qué implica la clasificación de los cárteles como terroristas?
Bajo esta nueva designación, Estados Unidos podrá:
- Congelar activos de personas y empresas que sean acusadas de colaborar con los cárteles.
- Negar visas y revocar permisos de entrada a cualquier sospechoso de vínculos con estas organizaciones.
- Ejercer jurisdicción extraterritorial, permitiendo acciones legales contra individuos y compañías fuera de EE.UU.
- Ejecutar operaciones encubiertas y extradiciones con menos restricciones.
Este cambio es especialmente preocupante para empresarios, inversionistas y ciudadanos que, incluso sin conocimiento, puedan ser vinculados a actividades ilícitas mediante transacciones comerciales o financieras.
Empresas en riesgo: el efecto dominó de la nueva política de Trump
El impacto más inmediato de esta orden ejecutiva recaerá sobre empresas mexicanas y extranjeras que operan en sectores como:
- Finanzas y banca: Instituciones financieras deberán reforzar sus controles contra el lavado de dinero para evitar sanciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las autoridades de EE.UU.
- Transporte y logística: Empresas dedicadas a la exportación de bienes podrían verse afectadas por revisiones más estrictas en aduanas y restricciones en sus operaciones.
- Sector agrícola y manufacturero: Empresas que trabajan en regiones controladas por el crimen organizado podrían ser objeto de investigación bajo la sospecha de pagar “derecho de piso” a los cárteles.
- Energía y construcción: Sectores donde las organizaciones criminales han expandido su influencia podrían enfrentar un mayor escrutinio.
Las empresas con operaciones en EE.UU. o con clientes en ese país deben fortalecer sus estrategias de cumplimiento normativo, asegurando que sus operaciones estén alineadas con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero.
Lecciones del caso “Speed Joyeros” y el precedente en Panamá
Un caso similar ocurrió con Speed Joyeros en Panamá, una empresa involucrada en el lavado de dinero de cárteles colombianos. Su actividad consistía en convertir dólares del narcotráfico en pesos colombianos mediante la compra de joyas en EE.UU.
Resultados del caso:
- Se decomisaron bienes por más de 100 millones de dólares.
- La empresa fue procesada en EE.UU. a pesar de estar ubicada en otro país.
- Se estableció un precedente legal para sancionar negocios que indirectamente faciliten actividades criminales.
Este caso sirve como advertencia para México. Las autoridades estadounidenses podrían aplicar medidas similares contra empresas mexicanas que, de forma voluntaria o involuntaria, hayan tenido transacciones con grupos criminales.
¿Cómo debe responder México ante esta ofensiva legal?
El gobierno de México enfrenta un desafío monumental para evitar que esta nueva política de Trump genere una crisis diplomática y económica.
- Fortalecimiento de la cooperación internacional: México debe reforzar sus acuerdos con EE.UU. para garantizar que las investigaciones no vulneren su soberanía nacional.
- Mayor control sobre el lavado de dinero: Se requiere una mayor supervisión en el sistema financiero para evitar que empresas sean acusadas de colaborar con el crimen organizado.
- Protección a empresarios y ciudadanos: El gobierno debe establecer mecanismos de defensa legal para ciudadanos y empresas que puedan ser sancionadas injustamente.
México y la respuesta global contra el crimen organizado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha establecido 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México deberá alinearse con estos estándares y fortalecer su capacidad institucional para evitar que su sistema económico se vea afectado por sanciones internacionales.
El reto es equilibrar la lucha contra el crimen sin ceder soberanía a un gobierno que ha demostrado su intención de ejercer presión política sobre México.
Una nueva era en la relación México-EE.UU.
La decisión de Trump de declarar terroristas a los cárteles mexicanos es una señal clara de que la relación entre ambos países se volverá aún más tensa en los próximos meses.
Las empresas, ciudadanos y gobierno mexicano deben prepararse para enfrentar una nueva realidad legal y comercial, en la que cualquier vínculo, directo o indirecto, con organizaciones criminales puede derivar en sanciones severas.
La gran pregunta es: ¿cómo responderá México?
Si el gobierno no actúa con rapidez, el país podría enfrentar un golpe económico y diplomático sin precedentes.
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