El Tribunal de Bolivia resolvió este lunes anular el juicio penal ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, al concluir que, por su investidura como exmandataria, debe ser sometida a un juicio de responsabilidades con la autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa. La decisión marca un giro en el proceso judicial sobre los hechos ocurridos en 2019, conocidos como la masacre de Senkata.
¿Por qué se anula el juicio ordinario?
Durante la audiencia, el tribunal determinó que no es competente para procesar a Áñez en la vía penal ordinaria, pues los hechos investigados ocurrieron mientras ejercía como presidenta de Bolivia. Esto implica que su caso debe canalizarse a través de un juicio político.
Los jueces aclararon que la decisión no representa una absolución ni garantiza impunidad, sino que establece el cauce jurídico adecuado conforme a la Constitución boliviana.
La postura de Jeanine Áñez
En su intervención, Áñez negó cualquier responsabilidad en las muertes de Senkata y defendió que, aunque autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad pública, el decreto no otorgaba “camino libre para matar”.
Además, señaló al expresidente Evo Morales como el verdadero responsable, al acusarlo de haber alentado las protestas de 2019 que derivaron en los hechos violentos.
Debate sobre la legitimidad de su presidencia
El gobierno y la Fiscalía habían argumentado que Áñez no fue presidenta constitucional, por lo que no debía acceder a juicio de privilegio. Sin embargo, el tribunal falló en sentido contrario, reconociendo que ejercía la función de mandataria y, por ende, correspondía un proceso de responsabilidades.
Reacción de las víctimas de Senkata
La resolución generó protestas en la audiencia, especialmente de familiares de las víctimas de Senkata, quienes acusaron a los jueces de favorecer a la exmandataria.
Un familiar de los fallecidos expresó su indignación:
“Para ellos hay justicia, ¿y para nosotros? Perdimos a nuestras familias, eran inocentes y los mataron a bala”.
Los colectivos de víctimas señalaron que habían aceptado la vía ordinaria para asegurar una condena y consideran que este cambio de procedimiento podría dilatar el acceso a la justicia.
Lo que sigue en el proceso
Con la decisión del tribunal, el caso de Jeanine Áñez dependerá ahora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá autorizar por mayoría calificada el inicio del juicio político.
Esto representa un nuevo desafío en la ya polarizada vida política de Bolivia, pues el proceso involucra a distintas fuerzas parlamentarias y puede convertirse en un foco de tensión nacional.
El caso Áñez se mantiene en el centro del debate político y judicial en Bolivia. Mientras la exmandataria insiste en su inocencia y en señalar responsabilidades hacia Evo Morales, las víctimas de Senkata claman por una justicia que consideran aún lejana. La decisión del tribunal no cierra el proceso, pero lo traslada a un terreno más complejo y altamente politizado: el juicio de responsabilidades en el Congreso.
