Mientras la guerra en Ucrania continúa intensificándose, Europa enfrenta una nueva y compleja realidad: cómo mantener el flujo de armas hacia Kiev en un contexto en el que Estados Unidos solo contribuirá si los europeos pagan la cuenta. La reciente decisión del presidente Donald Trump de permitir el envío de armamento estadounidense a Ucrania bajo ciertas condiciones ha puesto en marcha una carrera financiera y diplomática en el viejo continente.
Una nueva lógica de cooperación transatlántica
En este nuevo escenario, la administración Trump ha dejado claro que Estados Unidos no financiará directamente la transferencia de armas a Ucrania. En cambio, permite que países europeos compren sistemas de defensa estadounidenses, como los Patriot, para luego entregarlos o transferir repuestos a Ucrania.
La lógica detrás del plan es doble: por un lado, evita un gasto directo de Washington; por otro, mantiene el apoyo militar a Kiev a través de sus aliados. Esto ha forzado a Europa a tomar decisiones aceleradas sobre presupuestos, modelos de financiamiento conjunto y redefinición de prioridades.
Alemania: gasto militar sin precedentes
Alemania, que hasta hace poco era uno de los países europeos más reacios a aumentar el gasto militar, ha tomado un giro radical. En 2025 modificó su constitución para permitir el endeudamiento masivo destinado a defensa, y se prepara para gastar hasta un billón de dólares en el transcurso de una década. Parte de estos fondos se destinarán a armar a Ucrania, comenzando con el financiamiento de dos sistemas Patriot.
Este cambio se da en un contexto donde Berlín lidera las conversaciones con otros países europeos para crear un fondo común que permita adquirir más baterías antimisiles y municiones. El objetivo es claro: proteger a Kiev de los continuos ataques con misiles balísticos rusos.
Noruega: petróleo por defensa
Mientras tanto, Noruega ha demostrado una capacidad única para actuar rápidamente. Gracias a su fondo soberano petrolero, el más grande del mundo, ha duplicado su ayuda a Ucrania hasta alcanzar los 7800 millones de dólares solo en este año. También se ha comprometido a financiar otro sistema Patriot, consolidando su papel como uno de los principales donantes per cápita en el conflicto.
La decisión de Oslo no solo refleja su solidez económica, sino también su voluntad política de contener la expansión rusa en Europa del Este.
Europa del Norte se suma al esfuerzo
Además de Alemania y Noruega, al menos seis países más han manifestado su voluntad de contribuir: Dinamarca, Suecia, Finlandia, el Reino Unido, los Países Bajos y Canadá. Aunque todavía no han definido los montos ni el mecanismo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado su compromiso.
Uno de los mayores desafíos para estos países es encontrar una fórmula viable para el financiamiento conjunto. Se discute desde la emisión de deuda común europea hasta la creación de un fondo especial OTAN-UE. Sin embargo, los desacuerdos internos y la presión política en algunos Parlamentos complican las decisiones.
¿Qué se necesita y qué está en juego?
Los primeros estimados indican que se necesitarán al menos 10.000 millones de dólares en esta nueva fase, solo para cubrir armamento prioritario como misiles interceptores y sistemas de defensa aérea. Washington contempla incluso desviar envíos que estaban destinados a otras regiones, como el Indo-Pacífico, para facilitar la entrega indirecta a Ucrania.
El éxito de este plan marcará un cambio de paradigma en la gobernanza de la seguridad europea, donde los aliados no solo dependen de EE.UU. militarmente, sino que también deben demostrar autonomía financiera y liderazgo estratégico.
¿Europa puede sostener este esfuerzo?
El plan de armar a Ucrania a través de compras europeas de armas estadounidenses plantea retos inéditos para la UE y la OTAN. Si bien existe un compromiso general con la defensa de Kiev, las tensiones sobre cómo y quién debe pagar son cada vez más evidentes.
Alemania y Noruega han dado pasos concretos, pero el resto del continente aún debate. A largo plazo, el conflicto podría redefinir no solo las prioridades fiscales europeas, sino también el equilibrio de poder dentro de la alianza atlántica.
