Prohibir redes sociales a menores de 15 años se ha convertido en una prioridad política para Emmanuel Macron. En un contexto de creciente preocupación por la salud mental infantil y el impacto de los algoritmos en el desarrollo cognitivo, el presidente francés ha decidido acelerar su proyecto de ley para restringir el acceso de adolescentes a plataformas digitales y reforzar el control del uso de teléfonos móviles en los institutos.
La iniciativa, que será debatida por la vía de urgencia en la Asamblea Nacional, busca entrar en vigor a partir del próximo curso escolar. Macron lo dejó claro en un mensaje grabado desde el Elíseo: Francia necesita reglas simples, comprensibles y aplicables para proteger a sus adolescentes en un entorno digital cada vez más invasivo.
Una ley urgente para un problema inmediato
El proyecto consta de apenas dos artículos, pero su alcance es profundo. El primero plantea prohibir redes sociales consideradas peligrosas para menores de 15 años. El segundo amplía el veto al uso de teléfonos móviles en institutos, una medida que ya se aplica en colegios de nivel inferior.
Macron ha pedido explícitamente al Ejecutivo activar el procedimiento de urgencia, con el objetivo de que la ley sea aprobada rápidamente en la cámara baja y enviada al Senado sin dilaciones. En un Parlamento fragmentado y sin mayorías claras, el presidente confía en un consenso transversal basado en la protección de la infancia.
El argumento central: la salud mental infantil
El Gobierno francés sustenta la propuesta en informes sanitarios que advierten sobre el daño psicológico asociado al uso intensivo de redes sociales en menores. Ansiedad, adicción, problemas de autoestima y alteraciones del sueño aparecen de forma recurrente en estos estudios.
“El cerebro de nuestros niños no está en venta”, afirmó Macron, al denunciar el modelo económico de plataformas que monetizan la atención y las emociones de los adolescentes. En su discurso, el presidente apuntó tanto a empresas tecnológicas estadounidenses como a algoritmos desarrollados en otros mercados globales.
Quién decide qué redes serán prohibidas
Uno de los puntos clave del proyecto es que no establece una lista cerrada de plataformas vetadas. En su lugar, otorga al Ejecutivo la facultad de definir, mediante decreto, qué redes sociales serán consideradas peligrosas para menores.
Esta decisión se basará en informes de la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM), un organismo independiente encargado de evaluar riesgos, prácticas algorítmicas y efectos sobre los usuarios jóvenes.
Este enfoque flexible permite adaptar la ley a la evolución tecnológica, evitando que quede obsoleta frente al surgimiento de nuevas plataformas.
Apoyos políticos y críticas ideológicas
La medida cuenta con el respaldo de la coalición macronista, de la derecha conservadora y de la extrema derecha, lo que aumenta significativamente sus posibilidades de aprobación. Sin embargo, no está exenta de críticas.
Desde sectores de izquierda, especialmente La Francia Insumisa, la propuesta ha sido calificada como “paternalismo digital”. Sus detractores argumentan que el problema no se resuelve con prohibiciones, sino con educación digital y acompañamiento familiar.
Aun así, el debate revela un cambio de época: la regulación tecnológica ha dejado de ser un tema marginal para convertirse en un eje central de las políticas públicas.
Compatibilidad con la normativa europea
Uno de los mayores desafíos será armonizar la ley con el reglamento de servicios digitales de la Unión Europea. Francia ya intentó en 2023 instaurar una mayoría digital a los 15 años, pero la iniciativa no se aplicó por incompatibilidad con la normativa comunitaria.
En esta ocasión, el Gobierno ha trabajado el texto para evitar ese bloqueo legal, confiando en que el nuevo enfoque supere los obstáculos regulatorios.
Escuelas, móviles y disciplina digital
Además de prohibir redes sociales, el proyecto refuerza la restricción del uso de teléfonos móviles en los institutos. Cada centro podrá adaptar su reglamento interno, pero el objetivo es claro: reducir distracciones, mejorar la concentración y restablecer un entorno educativo más protegido.
Esta medida responde a una preocupación compartida por docentes y padres, que ven en el uso constante del móvil un factor de deterioro del rendimiento académico y la convivencia escolar.
Un precedente para Europa
Si se aprueba, la ley francesa podría marcar un precedente en Europa y abrir el camino a regulaciones similares en otros países. El debate ya no gira únicamente en torno a la libertad digital, sino al equilibrio entre innovación, mercado y protección de menores.
Prohibir redes sociales a adolescentes no es solo una decisión legislativa, sino una señal clara de hacia dónde se dirige la relación entre tecnología, infancia y Estado en los próximos años.
