Una decisión judicial de alto impacto ha sacudido los cimientos de las políticas de igualdad de género en España y podría tener repercusiones en toda la Unión Europea. Este lunes, 19 de mayo de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que el complemento de pensión español, diseñado para reducir la brecha de género en las prestaciones de jubilación, es discriminatorio.
El fallo se centra en que el sistema actual concede automáticamente este complemento a las mujeres que han tenido hijos, mientras que impone requisitos adicionales a los hombres en situaciones análogas para poder acceder a él. Según el TJUE, esta diferencia de trato viola la directiva europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (Directiva 79/7/CEE).
La reacción sindical: «Un ataque a la lucha contra la desigualdad»
Los principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), han rechazado de manera contundente la sentencia. Argumentan que el complemento no busca discriminar, sino corregir una desigualdad estructural histórica que ha penalizado sistemáticamente a las mujeres en sus carreras profesionales y, consecuentemente, en sus pensiones.
«El objetivo de este complemento es reducir la brecha de género en las pensiones derivada de una desigualdad estructural y no puntual.» – Declaración sindical.
Los sindicatos recuerdan que la brecha de género en las pensiones es una realidad palpable. En abril de 2025, por ejemplo, la pensión media de los hombres en España se situaba en 1,568.33 euros, frente a los 1,076.53 euros de las mujeres. Esta disparidad, insisten, se debe en gran medida a que las mujeres han asumido mayoritariamente las interrupciones laborales por cuidado de hijos y el trabajo a tiempo parcial, lo que impacta negativamente sus bases de cotización.
Medidas propuestas por los sindicatos:
* CCOO ha anunciado que llevará la cuestión a la mesa de diálogo social con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para explorar medidas alternativas que, cumpliendo con la sentencia del TJUE, mantengan el objetivo fundamental de reducir la brecha de género.
* UGT exige una evaluación del impacto del fallo y una respuesta coordinada para asegurar la continuidad de las políticas de acción positiva. Además, considera crucial abrir un debate a nivel europeo sobre la adecuación de la Directiva 79/7/CEE, aprobada en 1978, a las necesidades y realidades actuales.
El fondo del debate: Igualdad formal vs. igualdad sustantiva
La controversia radica en la tensión entre el principio de igualdad formal (tratar a todos exactamente igual ante la ley) que parece aplicar el TJUE, y la necesidad de medidas de acción positiva para alcanzar una igualdad sustantiva o real, que reconozca y corrija las desventajas históricas de ciertos grupos.
Los sindicatos sostienen que los requisitos adicionales para los hombres en el complemento de pensión no son discriminatorios, sino un «instrumento lógico y proporcionado» para asegurar que el beneficio cumpla su función correctora ante una desigualdad persistente. Advierten que una aplicación rígida del criterio del TJUE podría no solo poner en jaque el equilibrio financiero del sistema de pensiones, sino también vaciar de contenido el objetivo mismo para el que fue creado el complemento.
Una directiva europea bajo la lupa
La crítica sindical también apunta a la propia Directiva 79/7/CEE, considerada por algunos como anticuada. Argumentan que una normativa de hace casi medio siglo, que limita las acciones positivas vinculándolas casi exclusivamente al tiempo dedicado a la «educación» de los hijos, no responde adecuadamente a los complejos desafíos del mercado laboral y la sociedad del siglo XXI.
Esta sentencia del TJUE podría tener un efecto dominó, llevando a cuestionamientos legales de medidas similares en otros Estados miembros de la UE. Ello subraya la potencial necesidad de una revisión y actualización del marco legal europeo en materia de igualdad, para permitir que las políticas de acción positiva sean efectivas y no queden invalidadas por interpretaciones que no consideren las desigualdades de facto.
El diálogo social se perfila, una vez más, como la vía fundamental en España para adaptar la política nacional a las exigencias europeas, buscando soluciones que armonicen la legalidad comunitaria con el imperativo de avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres.
