El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su preocupación por el silencio y la falta de unidad en América Latina frente a los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, acciones que la ONU ha calificado como violaciones a los Derechos Humanos.
En declaraciones a la cadena Al Yazira, Petro señaló que estos bombardeos —realizados con misiles sobre lanchas sin capacidad de defensa— constituyen ejecuciones extrajudiciales, una acusación que ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza en la lucha antidrogas.

“Una ejecución extrajudicial”, según Petro y la ONU

El mandatario colombiano fue contundente al afirmar que el uso de misiles contra embarcaciones con personas desarmadas viola el derecho internacional humanitario y los principios básicos de proporcionalidad en el uso de la fuerza. “Cuando se utiliza un misil contra una lancha con personas desarmadas, lo que se comete es una ejecución extrajudicial, como lo dijo la ONU”, sostuvo Petro.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había advertido días antes que no existe “ninguna justificación legal” para estos ataques, ya que los reportes oficiales estadounidenses no demuestran que las personas en las lanchas representaran una amenaza inminente. Además, la ONU exigió una investigación rápida, independiente y transparente que permita establecer responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas.

Estados Unidos defiende los bombardeos como parte de su estrategia antidrogas

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha justificado los ataques como parte de una estrategia para combatir el tráfico marítimo de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, donde operan organizaciones vinculadas a Colombia, Venezuela y Centroamérica.
Según Washington, las llamadas “narcolanchas” se utilizan para transportar cocaína y otras sustancias ilícitas a gran escala, y las operaciones militares buscan “neutralizar amenazas” antes de que lleguen a territorio estadounidense.

Sin embargo, los datos compartidos por las autoridades norteamericanas son escasos. Organismos de derechos humanos cuestionan que no se hayan publicado registros de las víctimas, nacionalidades ni pruebas de que los ataques fueran necesarios. Para Petro, este hermetismo refuerza la sospecha de que Estados Unidos está actuando fuera del marco legal internacional.

América Latina dividida frente a los ataques

Uno de los puntos que más inquieta al presidente colombiano es la división política en América Latina respecto al tema. Petro lamentó que varios gobiernos del continente mantengan silencio o eviten pronunciarse, pese a las advertencias de Naciones Unidas.
“El silencio también es complicidad”, dijo el mandatario, insistiendo en que América Latina debería presentar una posición conjunta para defender los derechos humanos y exigir respeto a la soberanía regional.

Países como México, Brasil, Chile y Argentina no han emitido declaraciones formales sobre los bombardeos, mientras que Venezuela ha aprovechado la situación para denunciar una “nueva forma de imperialismo militar”. En contraste, algunos gobiernos centroamericanos han respaldado a Estados Unidos, argumentando que el narcotráfico es una amenaza directa a su seguridad interna.

Una visión crítica sobre la lucha antidrogas

El mensaje de Petro se enmarca en su postura crítica frente a la “guerra contra las drogas”, política que considera fracasada y violenta, con consecuencias devastadoras para los países productores y de tránsito.
Desde su llegada al poder, el mandatario ha impulsado un enfoque alternativo basado en la regulación, prevención y desarrollo rural, más que en la militarización. “Las bombas no acaban con las drogas, solo con vidas humanas”, ha afirmado en reiteradas ocasiones.

Su llamado a la región busca reabrir el debate sobre el papel de Estados Unidos en la lucha antidrogas, especialmente cuando sus acciones —como estos ataques— se realizan fuera de su territorio y sin respaldo multilateral.

Petro pide una respuesta latinoamericana coordinada

Ante la falta de consenso, Petro instó a los países de la región a construir una voz común que rechace la violencia como método de control. “Latinoamérica no puede guardar silencio ante ejecuciones extrajudiciales”, declaró.
Además, recordó que la región tiene mecanismos diplomáticos, como la CELAC o la OEA, que podrían utilizarse para exigir explicaciones y coordinar una resolución conjunta frente a Washington.

El mandatario colombiano también subrayó que estos hechos deben ser investigados bajo estándares internacionales, y que cualquier acción letal sin juicio previo contraviene los tratados firmados por Estados Unidos en materia de derechos humanos.

Las declaraciones de Gustavo Petro reflejan una preocupación creciente sobre el uso de la fuerza militar en operaciones antidrogas y la falta de transparencia en sus consecuencias. Al denunciar los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas como ejecuciones extrajudiciales, el presidente colombiano busca reavivar la discusión sobre la responsabilidad de los Estados en la defensa de la vida y la legalidad internacional.

El silencio de varios gobiernos latinoamericanos muestra la fragmentación política regional frente a un tema que afecta a toda América. Mientras tanto, la ONU insiste en una investigación independiente, y la comunidad internacional observa cómo un nuevo episodio de la guerra contra las drogas vuelve a poner en riesgo los principios básicos del derecho humanitario y la soberanía de los pueblos.