La capital peruana se despierta bajo un panorama inusual: militares patrullan las calles de Lima y Callao tras la declaratoria de estado de emergencia emitida por el gobierno interino de José Jerí. Esta medida, vigente por 30 días, restringe derechos como la movilidad en motos y la libertad de reunión, y busca contener el avance del crimen organizado que ha aumentado la inseguridad ciudadana.
Para millones de limeños, la presencia de soldados genera escepticismo y temor, recordando experiencias pasadas donde la militarización no redujo los índices de violencia.
“Ya lo hemos tenido antes y no ha ayudado en nada. Necesitamos otras medidas”, comentó Katrina, abogada de 46 años en Miraflores.
Una crisis de seguridad que no cede
La violencia en Perú se intensificó tras la destitución de Dina Boluarte el 10 de octubre y la llegada del gobierno de Jerí. La población, especialmente la Generación Z, ha salido a las calles para protestar, mostrando su rechazo al Congreso y a la administración interina. Las manifestaciones han dejado un muerto y más de un centenar de heridos, reflejando un clima de descontento social y frustración frente a la corrupción policial.
“En cada momento nos sentimos amenazados. No sabemos si vamos a volver a casa”, dijo Lidia Osorio, ama de casa de 50 años.
Medida temporal y desafíos en la implementación
El decreto presidencial busca un efecto inmediato en la reducción de delitos, pero la medida enfrenta múltiples desafíos. La ciudadanía demanda estrategias de seguridad integral, capacitación policial, inteligencia criminal y programas de prevención que superen la simple presencia militar.
Expertos en seguridad señalan que, sin coordinación con autoridades locales y programas sociales, la militarización podría generar un efecto limitado y aumentar la percepción de miedo, en lugar de proteger a la población.
Reacciones y percepción pública
El estado de emergencia ha generado opiniones divididas: algunos vecinos consideran que los militares pueden disuadir delitos, mientras que otros señalan que la solución requiere un enfoque más estructural, incluyendo modernización policial y fortalecimiento del sistema judicial.
El gobierno insiste en que esta medida es temporal y necesaria para proteger a la ciudadanía, especialmente en los distritos más afectados por la violencia urbana, como Miraflores, Callao y los corredores de transporte de alta densidad.
“Es un esfuerzo por contener la criminalidad, pero no sustituye un plan integral de seguridad”, afirmó un portavoz del Ministerio del Interior.
