Quito, 2025. El ambiente político en Ecuador vuelve a sacudirse. Esta vez, con una propuesta de consulta popular que no solo busca modificar la estructura del Estado, sino también tensiona directamente con la Corte Constitucional, el órgano máximo de control legal del país.
Todo comenzó con una disputa sobre leyes clave. La Corte suspendió la aplicación de tres normas aprobadas por el Ejecutivo: la Ley de Inteligencia, la de Integridad Pública y la de Solidaridad. Las demandas señalaban que estas violaban principios fundamentales de la Constitución y tratados internacionales. Ante esta acción, el presidente Daniel Noboa respondió con una estrategia política que ya empieza a dividir opiniones: una segunda consulta popular.
La nueva propuesta va más allá de la seguridad y el empleo, ejes de la primera consulta en abril de 2024. En esta ocasión, el enfoque es más profundo y arriesgado. Noboa plantea que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sometidos a juicio político, una figura hasta ahora impensable en el marco legal ecuatoriano. La consulta también incluye la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el fin del financiamiento público a partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y la autorización para instalar bases militares extranjeras.
Pero hay un detalle clave: la misma Corte que Noboa pretende reformar es la que debe calificar las preguntas de la consulta. Y existe ya una resolución previa que prohíbe cambios estructurales por esta vía. Es decir, si se quiere modificar el equilibrio entre poderes del Estado, se necesita una reforma constitucional tramitada en la Asamblea, no una simple votación ciudadana.
Un déjà vu político
Los ecuatorianos ya han vivido un proceso similar. En 2023, el expresidente Guillermo Lasso también propuso reducir el número de asambleístas, una idea que fue rechazada en su consulta. En ese entonces, se justificaba como una manera de reducir el gasto público. Actualmente, la Asamblea cuenta con 151 legisladores, frente a los 100 que existían en 2007.
Lo curioso del caso Noboa es que aún no se ha especificado cuántos legisladores quedarían ni bajo qué fórmula se haría el recorte. Tampoco se ha explicado cómo se garantizaría la representación territorial ni el equilibrio de poderes en un Parlamento más reducido.
Campaña anticipada y conflicto de poderes
Mientras tanto, el Gobierno ya ha activado su maquinaria de medios y redes para impulsar la propuesta, criticando abiertamente a los vocales de la Corte Constitucional, acusándolos de tener privilegios inaceptables. Lo que para algunos es una campaña de reforma, para otros es un intento de concentración de poder.
El debate está abierto. ¿Debe el Ejecutivo tener el poder de enjuiciar a los jueces que limitan su accionar? ¿O se está abriendo una peligrosa puerta hacia la erosión institucional?
Más que una consulta, una pulseada política
La consulta popular que propone Daniel Noboa no es solo una lista de preguntas. Es un intento claro de rediseñar el balance entre poderes, con posibles consecuencias en la democracia ecuatoriana. A solo meses del proceso, la pregunta de fondo no es si ganará el «Sí» o el «No», sino qué clase de sistema político emergerá después del 14 de diciembre.
