En la que ya es considerada la mayor operación de arrestos en un solo día en la última década, la Policía Metropolitana detuvo a 532 personas durante una manifestación pacífica en Parliament Square. El acto, convocado por el colectivo Defend Our Juries, buscaba mostrar respaldo a la ONG Palestine Action, proscrita por el gobierno británico en julio bajo la Ley de Terrorismo del 2000.
La legislación convierte en delito ser miembro o manifestar apoyo público a la organización, con penas que pueden llegar a los 14 años de prisión. Según la policía, 522 arrestos se debieron únicamente a portar pancartas con frases como: “I oppose genocide. I support Palestine Action” (“Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”). El resto enfrentará cargos por obstrucción, agresión a agentes y alteración del orden público.
Adultos mayores, la mayoría de detenidos
El perfil de los arrestados sorprendió incluso a las autoridades: el 49.9% tenía 60 años o más, incluidos casi 100 en sus 70 y 15 en sus 80. El promedio de edad fue de 54 años. Entre ellos se encontraban figuras reconocidas como Sir Jonathon Porritt, exasesor gubernamental; Chris Romberg, coronel retirado; y Alice Oswald, poeta premiada.
¿Por qué fue prohibida Palestine Action?
La proscripción llegó tras un incidente en junio, cuando activistas irrumpieron en la base aérea RAF Brize Norton y pintaron con aerosol rojo dos aviones militares, causando daños estimados en 7 millones de libras esterlinas. Desde entonces, más de 200 personas han sido arrestadas en el Reino Unido por mostrar apoyo al grupo.
La ministra del Interior, Yvette Cooper, defendió la decisión afirmando que se basó en “sólidos consejos de seguridad” y en planes de ataques futuros que no pueden ser revelados por procesos legales en curso.
Reacciones y críticas
Amnistía Internacional calificó los arrestos masivos como “profundamente preocupantes” y denunció que los manifestantes “no estaban incitando a la violencia”, cuestionando el uso de legislación antiterrorista contra protestas pacíficas.
Jacob Ecclestone, de 86 años, dijo a la BBC: “Lo que este gobierno intenta hacer es profundamente autoritario y extremadamente peligroso”.
Quienes facilitaron sus datos fueron liberados bajo fianza con la condición de no participar en futuras protestas similares; el resto fue trasladado a centros de detención. La policía confirmó que su unidad antiterrorista prepara expedientes para remitir a la Fiscalía de la Corona.
