Los Ángeles se encuentra al borde de una crisis mayor este 7 de junio, con el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Trump. La medida responde a la escalada de protestas contra operativos de ICE, que han derivado en violentos enfrentamientos y múltiples arrestos.
La ciudad de Los Ángeles atraviesa horas de extrema tensión y agitación este sábado 7 de junio, tras la decisión del presidente Donald Trump de desplegar 2,000 miembros de la Guardia Nacional de California. Esta drástica medida, que anula la autoridad del gobernador Gavin Newsom, busca sofocar las masivas y cada vez más intensas protestas contra las recientes operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La llegada de los efectivos militares, confirmada durante el día, ha elevado la preocupación por una mayor escalada de violencia en una ciudad ya sacudida por días de confrontación.
Focos de tensión: Paramount, compton y el centro de LA
Las protestas se han concentrado en varios puntos neurálgicos. En Paramount, cerca de una tienda Home Depot y una oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizada como base por agentes federales, se vivieron escenas de caos. Situaciones similares ocurrieron en la vecina Compton y en el centro de Los Ángeles, particularmente en las inmediaciones de edificios federales y centros de detención donde se presume se encuentran los inmigrantes arrestados.
Los enfrentamientos han sido severos. Agentes federales han utilizado gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Por su parte, algunos grupos de manifestantes han respondido lanzando piedras y cemento, bloqueando el tráfico e incluso incendiando un vehículo en Compton.
Más de 100 agentes del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) fueron desplegados en Paramount, mientras que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró una asamblea ilegal en el centro de la ciudad.
Un ciclo de escalada impulsado por tácticas federales
La situación en Los Ángeles parece ilustrar un rápido ciclo de escalada: las redadas de ICE, que resultaron en 118 arrestos esta semana (44 el viernes, incluyendo 5 vinculados a organizaciones criminales), provocaron las protestas iniciales.
La contundente respuesta de las fuerzas federales a estas primeras manifestaciones, con el uso de tácticas antidisturbios, pareció avivar aún más la indignación, llevando a protestas más intensas y disturbios más amplios. Este ciclo culminó con la intervención de la Guardia Nacional, una medida que, según líderes locales, podría ser contraproducente.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó las tácticas federales de ICE, afirmando que «siembran el terror en nuestras comunidades», aunque también declaró que la violencia por parte de losmanifestantes es inaceptable. Bass y el gobernador Newsom expresaron su preocupación de que la llegada de la Guardia Nacional solo sirva para escalar aún más las tensiones. Organizaciones de derechos de los inmigrantes como la ACLU y CHIRLA también han condenado enérgicamente tanto las redadas como el despliegue militar.
«No hay ninguna razón racional para desplegar la Guardia Nacional contra los angelinos, que están legítimamente indignados por el ataque del gobierno federal a nuestras comunidades y ejercen justamente su derecho de protesta de la Primera Enmienda.» – ACLU.
Existe una marcada desconexión entre la justificación del gobierno federal para sus acciones (combatir la «anarquía», los «disturbios y saqueadores») y la percepción de los funcionarios locales y defensores comunitarios.
Estos últimos ven las propias acciones federales como la principal fuente de provocación, miedo y como un ataque a las comunidades que ejercen sus derechos. Los Ángeles, con su vasta población inmigrante, su estatus de ciudad santuario y su historia de activismo social, se ha convertido en un punto álgido y un campo de batalla altamente visible para las políticas de inmigración intensificadas de la administración Trump y la resistencia que estas generan.
