El Congreso de Perú aprueba un paso crucial para inhabilitar al expresidente Pedro Castillo de cargos públicos, complicando su futuro político. Conoce los detalles
El futuro político del expresidente Pedro Castillo se complica. La Comisión Permanente del Congreso de Perú ha dado un paso clave al aprobar el informe que recomienda iniciar un juicio político en su contra, un proceso que podría culminar con su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público hasta 2026.
En un movimiento que podría redefinir el panorama electoral peruano, el Congreso de la República ha avanzado decididamente en el proceso para cerrar la puerta a una posible candidatura del expresidente Pedro Castillo. La Comisión Permanente, uno de los órganos más importantes del Legislativo, aprobó declarar procedentes dos denuncias constitucionales contra el exmandatario, abriendo la vía para un antejuicio político que busca su inhabilitación.
La decisión, adoptada por una mayoría de votos, se basa en acusaciones que van desde su presunta intervención en la Derrama Magisterial hasta el delito de «traición a la patria», este último relacionado con unas declaraciones en las que sugirió la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia.
El Camino Hacia la Inhabilitación
El proceso, aunque avanzado, todavía debe surtir varias etapas dentro del complejo sistema político peruano. Los siguientes pasos son :
- Informe Final: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene ahora un plazo de hasta 15 días hábiles para realizar la investigación y presentar un informe final.
- Votación en la Comisión Permanente: Si el informe recomienda la acusación, deberá ser ratificado nuevamente por la Comisión Permanente.
- Debate en el Pleno: Finalmente, el caso llegará al Pleno del Congreso, donde se necesitará una mayoría calificada (la mitad más uno de los legisladores) para aprobar la sanción de inhabilitación por el tiempo que se determine, como los 5 años que se propusieron en la denuncia por traición a la patria.
Fuentes del Congreso señalan que existe un consenso mayoritario para avanzar con la medida, similar a la que se aplicó en el pasado a otros políticos como el expresidente Martín Vizcarra.
«¿Estamos ante una verdadera búsqueda de justicia o frente a una maniobra para sacarlo del juego electoral?».
¿Justicia o «Lawfare»? El Debate que Divide al País
La medida del Congreso ha reavivado el intenso debate en Perú sobre la judicialización de la política, un fenómeno conocido como lawfare.
* Argumentos a favor: Quienes respaldan la inhabilitación sostienen que es un acto de justicia necesario contra un expresidente que intentó perpetrar un golpe de Estado y que enfrenta múltiples investigaciones por corrupción. Argumentan que es una forma de proteger las instituciones democráticas de futuras amenazas.
* Argumentos en contra: Por otro lado, los simpatizantes de Castillo y sectores de la izquierda denuncian que se trata de una persecución política. Afirman que el Congreso, que mantuvo una relación conflictiva con Castillo durante todo su mandato, está utilizando su poder para eliminar a un rival político que aún conserva una base de apoyo popular, especialmente en las regiones rurales del país.
Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde su fallido autogolpe en diciembre de 2022, ha calificado los procesos en su contra como parte de una «nueva modalidad de golpe de Estado». Mientras tanto, el país observa con atención un nuevo capítulo de su interminable crisis política, donde las líneas entre la justicia y la estrategia política son cada vez más difusas.
