La Oficina Antifraude de Cataluña ha abierto una investigación formal contra el Ayuntamiento de Barcelona por un presunto despilfarro millonario en la reforma de la calle Pi i Margall. Una «chapuza» que obligará a gastar casi un millón de euros extra para arreglarla.
El polémico proyecto de reurbanización de la calle Pi i Margall en Barcelona ha pasado de ser un dolor de cabeza para los vecinos a convertirse en un escándalo bajo la lupa de la justicia. La Oficina Antifraude de Cataluña ha admitido a trámite una denuncia y ha abierto una investigación formal por un posible despilfarro de fondos públicos por parte del gobierno municipal en una de las obras más costosas y problemáticas de los últimos años.
La investigación se centra en lo que el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, denunciante del caso, ha calificado como una «chapuza millonaria«: la necesidad de rehacer parte de una obra recién terminada, con un coste adicional que pagarán todos los barceloneses.
El epicentro de la polémica: losas de granito por asfalto
El núcleo del problema reside en una decisión de diseño que ha resultado ser un fracaso rotundo. El proyecto original incluía la instalación de losas de granito en ciertas zonas de la calzada. Sin embargo, poco después de su colocación, se detectaron problemas estructurales y de durabilidad, lo que ha obligado al Ayuntamiento a tomar una drástica y costosa decisión: levantar las losas recién puestas y sustituirlas por aglomerado asfáltico tradicional.
Esta intervención correctiva tiene un coste estimado de cerca de un millón de euros, un gasto imprevisto que se suma al ya elevado presupuesto de la reforma. La investigación de Antifraude buscará ahora determinar si en la adjudicación original de los trabajos, otorgada a la UTE formada por Acsa, Vimasa y Vías y Construcción, se incumplieron los principios de integridad, transparencia y objetividad, y si existió una planificación deficiente que ha conducido a este despilfarro.
Símbolo de una frustración más amplia
El caso de Pi i Margall ha resonado con fuerza entre los barceloneses porque para muchos no es un incidente aislado, sino el símbolo de una frustración más amplia con un modelo de urbanismo que perciben como ideológico, caro y, sobre todo, mal ejecutado.
“Si un contribuyente se equivoca, paga. Cuando se equivoca el Ayuntamiento, nadie dimite. Eso se acabó”. – Daniel Sirera, Presidente del Grupo Municipal del PP en Barcelona.
Esta declaración encapsula el sentir de muchos vecinos y comerciantes que han sufrido durante meses las molestias de obras largas y disruptivas, solo para encontrarse ahora con que el trabajo estaba mal hecho y debe repetirse. Este escándalo se suma a una larga lista de polémicas urbanísticas en la ciudad, como la conflictiva reforma de la Via Laietana o la implementación de las “superilles”, proyectos que han generado un intenso debate sobre su coste, su impacto en la movilidad y su beneficio real para la ciudadanía.
La investigación de Antifraude pone ahora una presión añadida sobre el gobierno del socialista Jaume Collboni, que hereda un problema gestado en la etapa anterior pero que ahora debe gestionar y solucionar. La “chapuza» de Pi i Margall se ha convertido en mucho más que un error de construcción; es una prueba de fuego para la transparencia y la responsabilidad en la gestión del dinero público en la capital catalana.
